Esta vez, también hubo un ataque con explosivos, pero ocurrió en un taller mecánico en la parroquia San Mateo, el cual dejó en llamas tres camionetas y causó daños en otros tres vehículos pesados, pertenecientes a las operaciones de mantenimiento y mejoramiento vial del territorio.
Mediante un comunicado la prefectura señaló que el incidente violento no dejó víctimas humanas, aunque el impacto económico es significativo.
La presidenta del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales, Paola Pabón, lamentó los hechos y expresó preocupación porque dos semanas después la prefectura esmeraldeña vuelve a ser escenario de hechos violentos sin respuesta de las autoridades competentes.
Tenemos derecho a vivir en un país en paz y seguridad, y es responsabilidad del Gobierno nacional trabajar para que ese derecho se respete, aseveró mediante un comunicado Pabón, quien también es prefecta de la provincia de Pichincha.
Ecuador sufre una crisis de inseguridad que el Ejecutivo atribuye a las disputas entre bandas delictivas por el control del tráfico de drogas.
El incremento de la violencia, con asesinatos, robos, secuestros, extorsiones y otros crímenes, constituyen actualmente la mayor preocupación de la ciudadanía, de acuerdo con sondeos.
Esmeraldas, provincia con costa al Pacífico y en la frontera con Colombia, es una de las zonas más violentas del país y de América Latina.
Más de 500 uniformados llegaron esta semana para fortalecer las operaciones aéreas, marítimas y terrestres en aras de controlar la seguridad interna en el marco del estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso a nivel nacional.
En lo que va de 2023, según datos del Ministerio del Interior, se registraron allí más de 70 muertes violentas, 94 detenidos por narcotráfico, mil 400 kilos de drogas incautados y 360 robos en casas, de vehículos y a personas.
Para los especialistas, el alza de la delincuencia también tiene su origen en la escasa inversión pública y social del actual gobierno, lo cual contribuye al aumento de la pobreza y el desempleo, y por tanto, apuntan que la respuesta al problema no debe ser solo militar, sino integral.
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