“Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niega a aceptar este resultado”, expresó el sociólogo de profesión en conferencia de prensa, a pesar de las papeletas a su favor en las elecciones del 20 de agosto pasado.
“Se ha puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia. Estas acciones constituyen un golpe de Estado que es promovido desde las instituciones que deberían garantizar la justicia en nuestro país”, remarcó.
Junto a la vicemandataria electa Karin Herrera, responsabilizó a la Fiscal General Consuelo Porras, al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad Rafael Curruchiche y al juez séptimo de instancia penal, Fredy Orellana.
Incluyó a “la Junta Directiva del Congreso de la República y otros actores corruptos y antidemocráticos”, planteó el exdiplomático, quien consideró las acciones una burla a la voluntad popular expresada libremente en las urnas.
Las calificó de espurias, ilegítimas e ilegales en distintas instancias, cuyo objetivo es impedir la toma de posesión de las autoridades electas, entre ellas los diputados de su agrupación.
Todo ello, agregó, debilita y niega la autoridad y la legitimidad que constitucionalmente nos ha conferido el pueblo de Guatemala, enfatizó el también catedrático.
Arévalo pidió a los pueblos de Guatemala, sociedad civil, empresarios y trabajadores, al movimiento popular, a las iglesias y autoridades indígenas, estudiantes, entre otros actores sociales, integrarse en defensa de la democracia y del respeto irrestricto a la voluntad popular.
“Hago un llamado a que nos unamos para derrotar a las fuerzas golpistas, que pretenden mantenernos sumergidos en la corrupción, la impunidad y la pobreza”, aseveró.
Arévalo advirtió que hacen falta cuatro meses para la toma de posesión en los que las “mafias políticas” intentarán consumar el golpe de Estado.
En medio de una campaña de descrédito, desinformación y deslegitimación, el político sacó más de 20 puntos en la segunda vuelta de los comicios a su rival Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Nada puede impedir la toma de posesión el 14 de enero de 2024, aseguró después que el jefe del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ramiro Muñoz, acató la resolución de Orellana y canceló a Semilla.
Las maniobras, sin embargo, continúan en varios ámbitos, incluso fue alertado sobre planes para asesinarlo, ante el peligro que representa para algunos «una nueva primavera» y el combate proclamado contra la corrupción.
npg/znc
