Dirce Rogério es acusada por la Fiscalía General de integrar el grupo extremista que, en la fecha marcada en negro en la historia nacional, depredó las dependencias del Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo en esta capital.
Rogerio estaba detenida preventivamente hasta el viernes, cuando el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), le concedió la libertad provisional vinculada al cumplimiento de una serie de medidas cautelares, empezando por el uso de tobillera electrónica.
Ella aún tiene que entregar su pasaporte a la Justicia, deberá presentarse semanalmente a un juzgado del sureño estado de Santa Catarina, tiene prohibido usar las redes sociales y comunicarse con otros investigados por las acciones antidemocráticas.
La presidenta del STF, Rosa Weber, marcó para el 13 y 14 de septiembre los primeros juicios de reos por la tentativa golpista del 8 de enero.
Con informe del juez De Moraes, relator de los procesos oriundos de la investigación, los análisis se realizarán en sesiones extraordinarias, programados para el período de la mañana.
Detenido en flagrante dentro del Congreso Nacional por la Policía del Senado, Aécio Lúcio Costa Pereira, exfuncionario de la Compañía de Saneamiento Básico del estado de Sao Paulo, será el primer acusado en ser juzgado por la corte.
Figuran también en la pauta del Supremo acciones penales contra Thiago de Assis Mathar y Moacir José dos Santos.
Todos ellos responden por la práctica de asociación criminal armada, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado.
Asimismo, por daño calificado por la violencia y grave amenaza, con empleo de sustancia inflamable, contra el patrimonio de la Unión y con considerable perjuicio para la víctima y deterioro de patrimonio derribado.
En total, la Procuraduría General de la República presentó mil 390 denuncias contra personas arrestadas durante los episodios antidemocráticos.
De ellas, mil 341 se convirtieron en reos, lo cual significa que los procesos pasaron a la fase posterior e incluye recolección de pruebas, con testimonios de testigos de acusación y defensa.
Ahora, con los juicios por el plenario, los ministros analizan si absuelven o condenan a los acusados.
El 1 de enero, una semana después que el extornero mecánico Luiz Inácio Lula fuera investido presidente de Brasil, un hormiguero de adeptos radicales de su predecesor, el político ultraderechista Jair Bolsonaro, invadieron y saquearon el Congreso Nacional, el STF y Planalto, a gritos de intervención militar.
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