Las opiniones de representantes de la sociedad civil en torno a ese pacto con la filial de la trasnacional canadiense First Quantum se escucharán ahora durante las deliberaciones en las localidades donde está enclavada la mina de cobre en los distritos de Donoso y Omar Torrijos; posteriormente se trasladarán a La Pintada, provincia de Coclé, según el comunicado oficial.
La pasada semana arrancó la controversia en el Legislativo, donde diputados y oradores a nombre de diversos colectivos presentaron sus posturas en un ambiente enrarecido donde quienes rechazan el acuerdo denuncian que desde el inicio no hubo una discusión previa sobre su contenido.
Acerca de las implicaciones del acuerdo que podría tener una vigencia de más de 40 años, entre esos grupos están las comunidades eclesiales en las zonas vinculadas al proyecto minero.
Según dijo al diario La Estrella de Panamá el fraile franciscano en La Pintada (Coclé), René Flores, hay preocupación por los efectos de la concesión en las condiciones de vida de la gente, en particular el derecho al agua.
Este temor, agregó, se alimenta de la falta de transparencia en lo pactado por el Ejecutivo.
“No están informadas las comunidades sobre la contaminación del agua, que es lo que más han cuidado en La Pintada y en todo Coclé. No ha habido ninguna presentación del Ministerio de Ambiente o Salud de cómo está la situación», remarcó.
En contraste con lo planteado por el Gobierno sobre la ejecución de “consultas públicas”, que al final fueron no vinculantes, el religioso confirmó que las autoridades no han llegado a las comunidades a explicar el contrato.
El misionero dijo que si bien la economía de la zona se ha activado con la mina, esto no es razón para que una empresa cuya actividad genera “efectos ambientales adversos”, sustituya las responsabilidades del Estado en atender los problemas sociales.
Sobre el tema, el diputado independiente Juan Diego Vásquez indicó que será clave el recorrido en la zona de concesión minera con el fin de analizar los cumplimientos que se estipulan en el contrato.
Vásquez afirmó que, antes de tomar una decisión tan importante como lo es la aprobación o rechazo del contrato ley, primero deben ver personalmente lo que está sucediendo en esa zona.
Mientras la activista Linda Loo ratificó ante la comisión que la minería a cielo abierto afecta las comunidades locales, pues causa devastación sostenida de la naturaleza provocando la pérdida de identidad, seguridad alimentaria, cultural, social, económica y en especial la destrucción de flora y fauna que hace se extingan la fuentes de agua.
Estas consultas ciudadanas tienen lugar en medio de mítines de protesta de universitarios, trabajadores y ambientalistas en diferentes puntos del país y también en las inmediaciones de la AN, algunos de ellos reprimidos por agentes antimotines de la Policía.
Para mañana martes la Alianza Pueblo Unido por la Vida, que aúna a varios de esos colectivos, convocó a una marcha que partirá desde el emblemático parque Belisario Porras, en esta capital, hacia el Parlamento para demandar a los diputados que rechacen ese texto, considerado anticonstitucional en 2017 por la Corte Suprema de Justicia.
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