El Tercer Juzgado Penal Nacional acordó por unanimidad el emplazamiento a que Barata comparezca el 10 de octubre en el juicio en contra de Humala por lavado de activos con fondos presuntamente aportados ocultamente por Odebrecht.
Adoptó la medida tras comunicar el abogado del ejecutivo brasileño que no declarará porque se lo impide expresamente la justicia de su país.
Tal veto se debe a que su testimonio involucra como sustento a los sistemas informáticos de la empresa que guardaban cuentas ocultas y han sido invalidadas como pruebas por no haber estado bajo una cadena de custodia y expuestas a manipulación y alteración.
“Se dispone que esta convocatoria se realice bajo apercibimiento de prescindir de su declaración en caso no asista a la fecha fijada”, agrega.
Señala que el citatorio se entregue en la dirección acreditada judicialmente por Barata, en Lima, lo cual parece una formalidad, porque el requerido no vive en Perú desde hace años y, si no ha declarado a distancia, difícilmente lo hará en forma presencial.
El testimonio es considerado de importancia clave para la Fiscalía, como fundamentación de su testimonio ante los fiscales, dado en el marco de un acuerdo de impunidad, en el sentido que entregó tres millones de dólares con fines electorales a Humala y como prueba se remitió a los archivos invalidados por la justicia de Brasil.
El exrepresentante de la empresa en Lima aseguró, a través de su abogado, que como muestra de voluntad de colaborar con la justicia, sí declarará en otros casos que involucran a políticos peruanos.
También se abstuvieron de declarar ayer por el mismo motivo que Barata, el expresidente de la empresa Marcelo Odebrecht, y otros testigos brasileños.
La corte prescindió de esos testimonios y que la Fiscalía pueda usar las transcripciones, las que, sin embargo, según abogados locales, no tendrán valor probatorio porque para ello se requiere su debate en el juicio, lo cual incluye preguntas a los declarantes.
Juristas peruanos coinciden en su mayoría en opinar que el veto de la justicia brasileña al uso de testimonios vinculados a los sistemas informáticos prohibidos como pruebas pone en serio riesgo el éxito de la Fiscalía, aunque esta sostiene que cuenta con otros elementos contra Humala, su esposa, Nadine Heredia, y otros acusados.
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