El Parlamento acordó por 91 votos a favor, solo 12 en contra y 11 abstenciones, que el ministro de Defensa, Jorge Chávez, uno de los más cercanos colaboradores de Boluarte, comparezca ante el pleno congresal el 13 de septiembre.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, fue sometido a una investigación por presunto delito de tráfico de influencias, tras revelar la prensa un audio de 2018 en el que habla con el juez superior César Hinostroza, prófugo de la justicia.
Chávez fue duramente criticado en el debate de admisión de su interpelación, cuyo proyecto fue suscrito por legisladores de casi todas las bancadas e impulsada por uno de los partidos del bloque conservador, pese a la alianza tácita que este tiene con el Gobierno.
El titular de Defensa será interpelado principalmente por la muerte de cuatro militares a manos de un grupo armado en un intrincado territorio andino-amazónico del centro del país, en circunstancias, que son materia de controversia.
Los sectores conservadores le adosan a Chávez responsabilidad por las muertes, mientras sectores de centro e izquierda le imputan medio centenar de vidas perdidas en operaciones militares y policiales durante protestas contra el ascenso de Boluarte a la presidencia.
En el Congreso se habla de su censura (destitución de Chávez), pero el acuerdo tácito Gobierno-Congreso puede evitar situaciones que precipiten el adelanto electoral que demandan los opositores y desea la mayoría de la población, según las encuestas.
De otro lado, la grabación del diálogo entre el titular de Justicia, y el exjuez Hinostroza es solo uno de más de 20 registros judiciales de las conversaciones entre Arana y el fugitivo.
El diálogo está lleno de insinuaciones sobre una asociación entre ambos con fines poco santos, pero el ministro sostiene que no hay nada ilegal en la conversación.
El escándalo estalló dos días después de asumir Arana el cargo en una recomposición del gabinete ministerial de Boluarte que decepcionó a casi todas las fuerzas políticas por no incluir cambios fundamentales como el del criticado titular de Defensa.
Arana afirmó por otra parte que el Gobierno está preocupado por la decisión del Parlamento de mayoría conservadora, de investigar sumariamente a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que nombra y supervisa a los jueces y fiscales.
La medida apunta a destituir a los siete integrantes de la JNJ debido a que investigan a la polémica fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por irregularidades como la de cambiar al fiscal que investigaba a su hermana jueza.
La decisión congresal ha motivado protestas de la oposición de izquierda, la Iglesia Católica, el sistema de Naciones Unidas y organizaciones políticas y sociales de oposición que denuncian que forma parte de una estrategia de control derechista de todas las instancias del sistema de justicia y de las instituciones del Estado. En tan complejo contexto, la presidenta Boluarte fue objeto de una nueva protesta social, esta vez en la población de Pichanaqui, región central andino-amezónica de Junín y ante lo cual la mandataria reaccionó irritada.
Como los descontentos le encaraban las muertes en protestas en marchas contra su administración, Boluarte sostuvo que el asesino es su antecesor, Pedro Castillo, y los manifestantes de aquellas luctuosas jornadas.
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