Fuentes judiciales precisaron que, si los requerimientos fueron aceptados, los imputados pierden el derecho a hacer un acuerdo de no persecución penal y pueden ser condenados por cinco delitos, cuyas penas sumadas pueden llegar a casi 30 años de prisión.
Las peticiones son firmadas por el subprocurador general de la República Carlos Frederico Santos y los documentos fueron elaborados después de la recepción y el análisis de los informes de la Policía Federal (PF).
Tales contenidos se hicieron a partir del examen y comparación de las informaciones personales de los detenidos frente al Cuartel General del Ejército, en Brasilia, al día siguiente de la tentativa golpista, con los datos genéticos obtenidos de materiales recogidos en los locales de las invasiones.
Con los añadidos, los denunciados deben responder por cinco crímenes, como asociación criminal armada, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y daño calificado por la violencia.
También por grave amenaza con empleo de sustancia inflamable contra el patrimonio de la Unión y con considerable perjuicio para la víctima, además de deterioro de patrimonio derribado.
Según la Procuraduría General de la República, expertos de la PF elaboraron docenas de informes documentales, papiloscópicos y perfiles genéticos.
Además de los fragmentos recogidos de los edificios invadidos (área interna y externa del Congreso Nacional, el STF y el Palacio Presidencial), también fueron consideradas informaciones de bases de datos públicas, como el del Tribunal Superior Electoral y de las secretarías estaduales de seguridad pública.
«Con estas pruebas, es posible decir con seguridad que, incluso si esas personas no fueron detenidas en flagrante en el Congreso Nacional, en el Palacio del Planalto o en el STF, ellas estuvieron en esos locales y actuaron como ejecutoras de los crímenes multitudinarios», indica Frederico Santos.
Los análisis técnicos fueron realizados por agentes del Servicio de Pericia en Genética Forense de la PF que recibió mil 388 muestras biológicas recogidas de hombres y mujeres que estaban detenidos, respectivamente, en unidades penitenciarias del Distrito Federal.
El procesamiento del material recolectado llevó a la elaboración de mil 385 perfiles genéticos: 896 de personas del sexo masculino y 489 del femenino.
Un paso siguiente fue confrontar esas pesquisas con los registros del Banco Federal de Perfiles Genéticos y los obtenidos de los vestigios recogidos en el ámbito de las investigaciones de las acciones antidemocráticas.
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