El presidente de la organización, Leonidas Iza, entregó en la sede del organismo judicial la solicitud para que los magistrados realicen la sesión referente a la normativa de manera presencial en los territorios amenazados por proyectos extractivos en una fecha posterior a la prevista (18 de septiembre).
De acuerdo con Iza, no se puede hablar de los avances de la minería de forma virtual ni con urgencia, pues necesitan que la defensa jurídica prepare sus argumentos.
Queremos que la Corte vaya a los territorios y vea los problemas reales, como los conflictos en la provincia de Cotopaxi en sitios donde se produce panela de exportación y quieren con proyectos mineros dañar la capacidad productiva de esas comunidades, señaló Iza en declaraciones a la prensa.
De esa forma, la Conaie busca un análisis objetivo sobre el impacto del Decreto 754, el cual busca agilizar las consultas ambientales en territorios indígenas para realizar proyectos extractivos de hidrocarburos y de minería.
Actualmente, la medida está suspendida temporalmente a solicitud de la Conaie y colectivos ambientalistas que consideran la medida, firmada por el presidente Guillermo Lasso, como una violación a los derechos de las comunidades al confundir la consulta ambiental con la consulta libre, previa e informada establecida en la Constitución.
El Comité Empresarial Ecuatoriano, por su parte, solicitó a la Corte reconsiderar la suspensión de la medida porque un total de 176 procesos están paralizados, lo cual tendrá a corto plazo un impacto económico negativo de dos mil millones de dólares.
En algunas localidades, como Las Naves y Sigchos, en las provincias de Bolívar y Cotopaxi, respectivamente, los habitantes protestaron hace unas semanas contra las consultas amparadas en ese decreto y eso generó enfrentamientos de indígenas y campesinos contra policías y militares.
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