Mediante un comunicado, la institución expresó que el ordenamiento constitucional nacional no puede limitarse por ninguna circunstancia, “es legítimo acudir a las autoridades competentes sin restricción alguna”, subrayó.
Las peticiones deben ser resueltas apegadas a derecho y sin la interferencia de otros poderes, autoridades o sectores que afecten su objetividad y transparencia, añadieron los empresarios.
Consideraron fundamental resguardar la libre emisión del pensamiento, como principio democrático, sin interferencias o amenazas de restricción.
“Ante las graves denuncias de corrupción hacia este Gobierno, las cuales han sido expuestas por distintos sectores y medios de comunicación, es imprescindible que el proceso de transición se realice con total transparencia”, requirieron.
En tal escenario, calificaron de clave el acceso a expedientes, para lo cual deben verificar en el cambio de mando los procedimientos de compras y contrataciones, exhortaron.
Pidieron la irrestricta cooperación de las autoridades salientes, pues “de no actuarse en la forma antes descrita, la transición sólo será una burla hacia la población y a las autoridades electas”, remarcó la Cámara.
Reiteró que fue la voluntad popular expresada en las urnas, la que concluyó con la elección del binomio presidencial integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
“La población guatemalteca está atravesando una serie de problemas que requieren soluciones trascendentales”, señaló.
Muchas de estas decisiones deberán ser tomadas desde el Ejecutivo recién electo, sin la afectación o interferencia indebida de otros poderes o instituciones, valoró.
“No podemos, bajo engaños irreverentes, seguir permitiendo la manipulación absurda de nuestra democracia”, resaltaron los empresarios agrupados en la institución.
Entidades locales e internacionales coinciden en considerar las interferencias del MP violatorias de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y reclaman respeto por la democracia.
Tras revisión la semana pasada de cajas con votos del 25 de junio último en instalaciones del ente rector del proceso, Arévalo suspendió temporal la participación en el proceso administrativo de transición de gobierno.
Demandó la renuncia de la Fiscal General, Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y el juez séptimo penal, Fredy Orellana.
Instó al pueblo a que lo acompañe este lunes a entregar un amparo ante la Corte Suprema de Justicia que busca la restitución del orden constitucional y la detención de lo que llama un golpe de Estado en curso.
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