Un informe del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) reveló que los niveles de violencia allí se deben a la desatención estatal reiterada por años y a que los grupos de delincuencia organizada intensificaron sus disputas por el control de los presidios.
De acuerdo con el documento, entre febrero de 2021 y julio de 2023, en siete cárceles ecuatorianas, ocurrieron 14 masacres que han dejado el saldo de 459 presos asesinados.
En su análisis, el SNAI identificó al menos 12 bandas que se disputan el dominio carcelario y calificó de alto riesgo a 11 reclusorios, donde existe un nivel elevado de hacinamiento, uno de los problemas más dramáticos que tenía el sistema carcelario desde que inició la crisis de violencia, en mayo de 2019.
Desde 2020 las cárceles son escenario de disturbios, en los cuales han muerto más de 450 privados de libertad, un hecho que el Gobierno atribuye a los enfrentamientos entre bandas rivales que disputan el control de los centros de privación de libertad.
Para el excomandante de la Policía Nacional Ramiro Mantilla la dinámica de los últimos dos gobiernos, de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, evidencia la falta de una política penitenciaria.
Actualmente, la principal preocupación de los ecuatorianos es la inseguridad y los hechos de violencia que no sólo se dan dentro de las cárceles, sino también en las calles.
El escenario en el país andino se vuelve cada vez más turbio a las puertas de la segunda vuelta electoral del venidero 15 de octubre, cuando los ciudadanos irán a las urnas a elegir presidente entre la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, y Daniel Noboa, de la alianza Acción Democrática Nacional.
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