La presidenta de la corte, Rosa Weber, es la ponente del caso.
En 2017, el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) presentó una acción pidiendo la liberación de la interrupción para embarazadas con hasta 12 semanas de embarazo.
La organización política cuestiona la criminalización del aborto, citada en los artículos 124 y 126 del Código Penal de 1940.
Según el PSOL, la norma viola preceptos fundamentales de la dignidad de la persona humana, de la ciudadanía, de la no discriminación, de la inviolabilidad de la vida, de la libertad, de la igualdad, de la prohibición de tortura o trato inhumano o degradante, de la salud, entre otros.
Actualmente, el aborto es autorizado en Brasil en tres situaciones.
Si existe riesgo de muerte para la mujer a causa de la gestación, si el embarazo fue provocado por violación y si el feto es anencéfalo (sin cerebro).
Weber debe retirarse hasta el 2 de octubre, cuando cumple 75 años. Con el juicio, la relatora presentará su voto, que debe ser preservado incluso después de su salida del juzgado superior.
En el Supremo, hay expectativa de que algún ministro pueda pedir vista, o sea, más plazo para analizar el caso.
Lo anterior debe interrumpir el análisis del tema, que se considera muy sensible.
El juicio será en plenario virtual y los ministros pueden ingresar sus votos en el sistema electrónico hasta el 29 de octubre.
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