A dos años de aprobado su uso, el país cuenta con más de 90 proveedores de servicios digitales, leyes e instituciones para facilitar la utilización de criptomonedas, pero aún faltan blindarlas contra acciones de vividores y lavadores de dinero, precisó la publicación.
El bitcoin abrió las puertas a entusiastas de las criptomonedas, pero también a decenas de empresas extranjeras que realizan operaciones con este dinero digital.
En apenas dos años, 97 empresas proveedoras de servicios digitales se registraron a través del Banco Central de Reserva (BCR), se aprobó una ley de activos digitales y se creó la Agencia Administradora de Fondos Bitcóin, a la que la Asamblea Legislativa le asignó un presupuesto de 1.8 millones.
A ello se suma la creación de la Comisión Nacional de Activos Digitales y la Oficina Nacional del Bitcóin, esta última dirigida por los estadounidenses Max Keiser y Stacy Herbert, quienes reportan directamente a Casa Presidencial.
Sin embargo, agregó LPG, el experto Walter Morales, director de Yancor Coaching & Mentory, especialista en riesgos financieros, cree pese a todos los avances, la ley contra el lavado de dinero y activos sigue sin modificarse desde 2015 y sugiere sea actualizada para enfrentar los peligros.
Estima el experto que no hay mecanismos para blindar a estas operaciones de dinero mal habido a menos que se modifiquen las normativas existentes desde 2015.
Hemos cambiado instructivos, hemos modificado la regulación, pero no hemos cambiado la ley desde 2015 y no hemos metido ahí a muchos sujetos obligados como los proveedores digitales, opinó Morales.
Esto debe hacerse lo antes posible, opinó, porque además del crecimiento de las inversiones en criptoactivos, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está realizando las evaluaciones de cumplimiento de los acuerdos internacionales a los que el país está suscrito.
Si no cumplimos, agregó, eso “nos puede llevar a una lista gris», que incluye a países que no están realizando los esfuerzos necesarios para combatir la delincuencia financiera y son considerados de alto riesgo para la comunidad financiera internacional.
«No administrar bien los riesgos de evaluación del GAFI nos puede poner como un país no cooperante en prevención del delito del lavado del dinero y creo que nadie quiere eso», sostuvo el experto.
Morales instó a las autoridades a trabajar “para frenar el flujo de fondos ilícitos que utilizan las criptomonedas”.
Para enfrentar esa realidad, anunció que Yancor Coaching & Mentory realizará el 9 y 10 de octubre un foro internacional en el que se discutirá la preparación profesional sobre estos temas y los delitos relacionadas con las criptomonedas.
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