En un mensaje a la nación, el jefe de Estado reiteró su vocación democrática y compromiso con la entrega del cargo el 14 de enero de 2024, en un acto que culminará un proceso preparado por sus instrucciones desde inicio de este año “con el mayor rigor, cuidado y responsabilidad posibles”.
Tras recibir los nombres y datos personales de quienes coordinarán cada equipo de ministerios y secretarías de la presidencia, procederemos a elaborar el cronograma de las reuniones sectoriales para la entrega de la información, expresó Giammattei.
Exhortó al presidente electo a que en esos espacios participen las personas que se ocuparán de dirigir las carteras y secretarías.
Ello, acotó, “con el fin de garantizar la efectividad del proceso y que el cambio de autoridades no sea un obstáculo para que las instituciones sigan trabajando para el beneficio de la población”.
Aseguró que por parte de su gobierno seguirá informando a través de los medios oficiales, sobre todo el desarrollo de las reuniones, con tal de que prevalezca la transparencia y a la vez sirva para documentar las acciones.
Agradeció a Arévalo que haya atendido la sugerencia de reanudar la transición, al tiempo de comentar que está llamado a marcar un hito muy importante en la historia de Guatemala.
El ganador de los pasados comicios y abanderado del partido Semilla en un comunicado la semana pasada recordó que el cambio de mando empezó el 4 de septiembre y Giammattei entregó una metodología para facilitar la transferencia de los elementos entre autoridades salientes y entrantes.
Sin embargo, remarcó, el proceso se vio amenazado por el escalamiento de la persecución política judicial e ilegal por parte del Ministerio Público.
Arévalo se vio obligado a abandonar de modo temporal la transición debido a nuevas interferencias de ese ente investigativo contra las elecciones, al allanar cajas con papeletas de la primera vuelta desarrollada el 25 de junio.
Unos días después de su decisión, junto a miles de guatemaltecos, acudió a la Corte Suprema de Justicia para presentar un amparo en busca del restablecimiento del orden constitucional.
Con la acción legal exigió también la renuncia de la Fiscal General de la República, Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y el juez séptimo penal, Fredy Orellana.
“Este amparo está respaldado por la fuerza y el entusiasmo de la población guatemalteca, cansada de las artimañas de los corruptos y que anhela un futuro mejor”, aseveró el político,
calificado de progresista.
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