La premura es un mecanismo para acelerar la tramitación del propósito. Esto libera, en la secuencia, el análisis del contenido de la materia.
El texto fue aprobado este miércoles en la Comisión de Constitución y Justicia de la entidad legislativa. Los senadores no modificaron la versión de la proposición de la Cámara de Diputados, aprobada en mayo.
Con lo anterior, el texto queda listo para ser votado por el plenario del Senado, sin tener que cumplir plazos reglamentarios.
Defendida por el sector rural, la tesis del marco ambiental prevé que una tierra indígena solo puede ser demarcada en caso de ser comprobado que ella era habitada por nativos el 5 de octubre de 1988, fecha de la promulgación de la Constitución Federal.
En la práctica, si las comunidades originarias no comprueban que estaban en las posesiones en esa fecha podrán ser expulsadas.
La pasada semana, la tesis fue derrocada por el Supremo Tribunal Federal (STF), con marcador de nueve a dos.
Los ministros entendieron que la fecha de promulgación de la Constitución no debe servir como referencia para definir las nuevas áreas de ocupación de esos pueblos.
El relator del proyecto en el Senado, Marcos Rogerio, reconoce como «tierra indígena tradicionalmente ocupada» el área habitada, en la fecha citada, por la aldea aborigen con carácter permanente y utilizada para actividades productivas.
De lo contrario, la ocupación permanente exigida por la ley queda desvirtuada.
Además, la iniciativa exige la comprobación de que las tierras eran necesarias para la reproducción física y cultural de los aborígenes y la preservación de los recursos ambientales necesarios para su bienestar.
El resultado en el Supremo fue considerado una conquista para las comunidades indígenas, pero es blanco de ataque por un grupo en el Congreso Nacional, especialmente el opositor al gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Ahora, los ministros del STF van a definir las reglas para la demarcación de patrimonios indígenas y así garantizar la seguridad jurídica.
Entre los puntos que se analizan en la sesión de este miércoles figura la posibilidad de indemnización a particulares que adquirieron tierras de «buena fe» y si el pago sería condicionado a la salida de propietarios de las áreas indígenas.
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