Los señalamientos cuestionan la actitud de la mandataria y el primer ministro Alberto Otárola que negaron responsabilidades, según uno de los abogados del medio centenar de víctimas baleadas en los disturbios iniciados en diciembre de 2022.
La mandataria se limitó a guardar silencio y remitirse a alegar que ya había dado respuestas en una comparecencia anterior, y, a través su abogado Joseph Campos, planteó que se archiven las investigaciones abiertas por presuntos delitos de genocidio, homicidio agravado y lesiones graves.
Similar actitud mantuvo a su turno Otárola, quien, según trascendió, escuchó una a una las preguntas de la Fiscalía, la Procuraduría del Estado y la parte civil, representante de las familias de las víctimas, pero dijo reiteradamente que ya había respondido antes o lo haría después por escrito.
El periodista Carlos Cornejo comentó que en las audiencias de la víspera “ganó el silencio y sigue ganando la impunidad desde las altas esferas del poder” y que la mandataria no proyecta una buena imagen al no dar explicaciones sobre los graves sucesos.
El secretario general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Miguel Jugo, declaró que “tanto Boluarte como Otárola han evidenciado que no buscan llegar a la verdad en el caso de las matanzas” que dejaron un saldo de medio centenar de víctimas en disturbios.
El activista humanitario consideró vergonzoso que los gobernantes calle´n y “no tengan el valor de asumir su responsabilidad” en las muertes.
“Dicen que van a apoyar las investigaciones, pero no dan sus versiones, quieren responsabilizar solo a los autores materiales y esperar a ver lo que dicen para dar una respuesta, en una evidente maniobra que busca sacar provecho de su condición de altos funcionarios”, añadió.
Jugo y la ex primera ministra Mirtha Vásquez fustigaron por otro lado a Otárola por lo que consideraron amenaza represiva que agrava la imagen internacional de la administración Boluarte.
El primer ministro dijo esta semana, refiriéndose a las protestas antigubernamentales, que el Ejecutivo enfrentó 500 manifestaciones violentas y “no le temblará la mano” para volver a actuar de la misma manera.
“Después de las decenas de muertos, sin rumbo para gobernar, acusado de cometer delitos, Otárola quiere hacer creer a los empresarios que puede garantizarles paz y estabilidad para sus inversiones; este gobierno solo es garantía de más caos”, manifestó Vásquez, aludiendo al hecho que la declaración fue hecha ante un auditorio de empresarios mineros.
Jugo acusó al primer ministro de mentir, pues instancias internacionales que han investigado las protestas acreditan que hubo 500 protestas pero han comprobado que fueron pacíficas.
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