La movilización abarcará 13 estados y esa organización reunirá en Sao Paulo a sindicatos, profesionales de salud y estudiantes, además de movimientos como el de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) y otros colectivos.
El acto es anual y hace referencia al Día Latinoamericano y Caribeño de Lucha por la Legalización del Aborto, creado en 1990, durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y Caribeño, en Argentina.
Al menos en América Latina, ocho países despenalizaron el malparto: Argentina, Guayana Francesa, Guyana, Puerto Rico, Cuba, Colombia, México y Uruguay.
En otras seis naciones, la interrupción voluntaria del embarazo es un delito, como en Brasil, Bolivia, Perú, Venezuela, Paraguay y Ecuador.
«La posibilidad de la despenalización del aborto es casi un pedido de socorro, en alguna medida, porque muestra que Brasil está bien atrasado en el tema de la legislación penal», afirmó Tabata Tesser, integrante de la entidad Católica por el Derecho de Decidir y una de las organizadoras del acto.
La movilización ocurrirá en medio del juicio, interrumpido en el Supremo Tribunal Federal tras un pedido del ministro Luís Roberto Barroso, de una acción que cuestiona la legalidad del aborto en hasta 12 semanas de gestación.
En consecuencia, las organizaciones deben promover campañas por la «despenalización social del aborto», según Tesser.
Llamó a pensar no solo en despenalizar en el ámbito judicial, en la modificación del Código Penal, «sino también en construir un consenso en la sociedad de que legalizar el aborto es salvar vidas».
Actualmente, el aborto es autorizado en el gigante sudamericano en tres situaciones.
Si existe riesgo de muerte para la mujer a causa de la gestación, si el embarazo fue provocado por violación y si el feto es anencéfalo (sin cerebro).
De acuerdo con estudios, el recelo, la timidez y la falta de información sobre sus derechos hacen que ocho de cada 10 niñas y mujeres, víctimas de violación, no concurran a la policía o a un servicio de salud después de sufrir agresión sexual.
Sin embargo, nueve de cada 10 brasileños (87 por ciento) estiman que las agobiadas por una transgresión deben tener la opción de abortar, tal y como establece la ley.
Además, a tres de cada cuatro mujeres les gustaría tener esta opción y el 52 por ciento opina que elegiría interrumpir la gravidez en este caso.
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