Fuentes electivas confirmaron que el juicio virtual del caso, que comenzó el 22 de septiembre, terminó en la medianoche del jueves.
El ponente del caso, el ministro Benedito Gonçalves, votó en contra del recurso y fue acompañado por sus colegas André Ramos Tavares, Alexandre de Moraes, Carmen Lucía, Floriano de Azevedo Marques, Kassio Nunes Marques y Raúl Araújo.
Los jueces analizaron un pedido de la defensa del exmilitar conocido como «embargos de declaración», tipo de recurso que permite esclarecer eventuales contradicciones y oscuridades en la decisión de la corte.
El TSE condenó a Bolsonaro por cinco votos contra dos a finales de junio, por el exgobernante realizar una reunión con embajadores en el Palacio de la Alvorada (residencia oficial en Brasilia) en julio de 2022 y atacar sin pruebas el sistema electoral brasileño.
La acción fue presentada por el Partido Democrático Trabalhista y al apelar la condena, la defensa cuestionó la inclusión de la llamada minuta del golpe en el proceso, diciendo que se trata de un «documento nuevo».
El material fue encontrado en la casa del exministro de Justicia Anderson Torres, quien estuvo preso por supuesta omisión ante el movimiento que culminó en los ataques golpistas del 8 de enero en esta capital.
También, de acuerdo con los abogados, el exmandatario tenía su derecho a la defensa recortado y las cuestiones planteadas durante el proceso no se analizaron adecuadamente.
Sin embargo, Gonçalves concluyó que no hubo cercenamiento de defensa en el caso. Además, rechazó todos los argumentos procesales de los abogados del político ultraderechista.
Para el relator, el recurso tiene argumentos que buscan minimizar la gravedad del acto de Bolsonaro, quien en la reunión con los diplomáticos, transmitida por emisora pública y redes sociales, «divulgó informaciones falsas sobre fraudes electorales inexistentes, presuntamente involucrando grotesca adulteración de votos en la urna electrónica».
Insistió en que existen pruebas de que Bolsonaro cometió irregularidades y, por eso, él debe ser responsabilizado con la imposibilidad de presentarse a cargo público en los próximos ocho años (hasta el 2030).
Analistas consideran que la inelegibilidad del expresidente robustece la posibilidad de que sea también condenado por otros delitos.
El excapitán del Ejército acumula investigaciones y procesos judiciales que van, desde ofensas contra el sistema electivo, el funesto desempeño de su gobierno durante la pandemia de Covid-19, la venta ilegal de joyas, hasta los episodios antidemocráticos del 8 de enero.
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