La intención de la ponente, senadora Eliziane Gama, es mostrar tal documento en esa fecha.
Después de ese día, no deben ser convocados nuevos testimonios y el plazo hasta la última jornada de funcionamiento de la CPI, el 20 de noviembre, debe ser usado en la evaluación del contenido.
Este texto es un resumen de todo el trabajo realizado desde mayo y puede indicar a los responsables de la invasión y depredación de las sedes de los Tres Poderes (Congreso Nacional, Corte Suprema y Palacio Presidencial), en Brasilia.
Pero, incluso aprobado dentro de la CPI, eventuales solicitudes de acusación dependen de encaminamiento por la Justicia.
Al menos esta semana hay dos declaraciones juradas. Mañana se escuchará el empresario Argino Bedin, sospechoso de ser financiador de los episodios antidemocráticos.
Bedin tenía las cuentas bloqueadas por decisión del ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal.
También el jueves declarará ante la CPI el subteniente José Beroaldo Freitas Jr., del Batallón de choque de la Policía Militar del Distrito Federal.
El uniformado actuó en defensa del Congreso Nacional el 8 de enero y testificará por una solicitud del diputado Delegado Ramaje.
De acuerdo con el diario O Tempo, todavía hay dudas sobre el cronograma de los días siguientes a estos dos testimonios y la fecha en que Gama planea entregar el informe.
Revoletea la expectativa de asistencia a la junta, el 5 de octubre, del general Walter Braga Netto, quien encabezó la Casa Civil y el Ministerio de Defensa en el Gobierno del exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022).
Este alegato, sin embargo, fue reprogramado más de una vez.
La misma situación ocurre con otros nombres de interés de la relatora, como Bolsonaro y el almirante Almir Garnier de Souza, excomandante de la Marina que puso a la tropa a disposición para un eventual golpe de Estado después de las elecciones de 2022.
Asimismo, Gama quería volver a llamar al teniente coronel Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro, pero debido a un acuerdo de denuncia premiada, no puede hablar de hechos de investigación.
Tal confesión se trata de un pacto entre el acusado y el Ministerio Público (acusador), y el primero colabora con las indagaciones.
O sea, el delator renuncia a su derecho al silencio y en cambio recibe una ventaja, que puede variar de acuerdo con el grado de su colaboración.
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