Mediante un comunicado, el ente investigativo aseguró que para garantizar la atención a la población sus integrantes se encuentran debidamente coordinados para seguir cumpliendo con la misión institucional de velar por una justicia eficaz para la nación.
Consideró que las protestas deben canalizarse a través de “las vías legales correspondientes”, en lugar de las medidas adoptadas “que no solo atentan contra los derechos humanos de los usuarios y del personal, sino también de las víctimas del delito que demandan acceso a la justicia”.
Dichas acciones denotan posible inducción a delinquir, obstaculización a la acción penal, sedición y limitación del acceso a la justicia, entre otros, advirtió.
Así también, al impedir el acceso a sus sedes se violenta el derecho de defensa de las personas con citaciones programadas o seguimiento a expedientes en investigación, agregó.
Asimismo, se promueve la obstrucción de poder cumplir con las medidas sustitutivas impuestas por los órganos jurisdiccionales a quienes enfrentan proceso penal, lo que conlleva que podrían enfrentar repercusiones legales.
Remarcó en el texto que “estas acciones ilegales repercuten en el pueblo de Guatemala que demanda justicia, pues se ve limitado a denunciar los delitos en contra de la vida, extorsiones, robos y demás”.
Es evidente que la pretensión de estas medidas es la destrucción de la democracia y el estado de Derecho, ya que existen vías legalmente establecidas para manifestar cualquier inconformidad sin transgredir los derechos de la población, reiteró el MP.
Añadió al bloqueo de sus instalaciones, “una serie de hostigamiento informático y comunicados, que en desconocimiento de las investigaciones acosan la independencia fiscal”, resaltó.
Enfatizó que continuará garantizando el respeto de los derechos que asisten a todos los guatemaltecos a través del cumplimiento de su mandato legal.
Rechazó enérgicamente los bloqueos y acciones fuera de la ley que vulneran gravemente los derechos humanos de la población y manifestó que siempre ha cumplido y cumplirá con el mandato constitucional y legal que le corresponde.
Entidades locales e internacionales coinciden en llamar los allanamientos del MP al Tribunal Supremo Electoral interferencias violatorias de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y piden que detengan los ataques a la democracia del país.
Los 48 cantones del departamento de Totonicapán y organizaciones sociales mantienen este martes por segundo día consecutivo el bloqueo de al menos 20 vías de Guatemala exigiendo las renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras.
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