El diputado Carlos Veras, del Partido de los Trabajadores, solicitó la convocatoria de Bedin, conocido en el estado de Mato Grosso (centro-oeste) como «padre de la soja».
Confeso adepto del expresidente Jair Bolsonaro y adulador de la dictadura militar (1964-1985), el terrateniente es socio de al menos nueve empresas y tuvo las cuentas bloqueadas por decisión del ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF).
La defensa entregó al STF un pedido de hábeas corpus para que el agricultor no esté obligado a asistir este martes a la junta legislativa de indagación sobre la asonada que culminó en la invasión y depredación de las sedes del Congreso Nacional, el STF y el Palacio Presidencial, en Brasilia.
Sin embargo, la citación de Bedin resulta relevante para que la CPI pueda «investigar y recopilar información pertinente para desvelar los reales responsables del 8 de enero de 2023», señala el requerimiento de convocatoria de la comisión.
Para la defensa del «padre de la soja», el empresario tiene el derecho a no autoincriminarse, no comparecer al acto convocatorio, ser asistido por abogado y no sufrir vergüenza física o moral por el ejercicio de estos derechos.
También la CPI agendó para el jueves el alegato del subteniente José Beroaldo Freitas Jr., del Batallón de choque de la Policía Militar del Distrito Federal (DF).
El uniformado actuó en defensa del Congreso Nacional el 8 de enero y testificará por una solicitud del diputado Delegado Ramaje.
Antes de Bedin, la CPI escuchó a oficiales de las Fuerzas Armadas, entre ellos el exayudante de órdenes de Bolsonaro, teniente coronel Mauro Cid, y el coronel Jean Lawand Junior.
Pasaron por la comisión el exministro de Justicia Anderson Torres, uno de los más cercanos al círculo del exgobernante, y el exministro del Gabinete de Seguridad Institucional, el general Augusto Heleno, confidente del político ultraderechista.
Otros testimonios fueron de integrantes de las policías Militar y Civil del DF, y del jefe de la Policía Vial Federal, Silvinei Vasques.
Aparecen en la lista de interrogados George Washington de Oliveira, uno de los condenados por planear la explosión en el aeropuerto de Brasilia, y el hacker Walter Delgatti, autor de un informe de las Fuerzas Armadas apuntando desconfianza en las urnas electrónicas.
El plazo final de funcionamiento de la CPI es el 20 de noviembre, pero el presidente de la comisión, Arthur Maia, y la ponente Eliziane Gama tienen la intención de presentar el informe de conclusión el 17 de octubre.
oda/ocs
