Mediante un comunicado, la organización formada por pequeños, medianos o grandes empresarios describió que en las jornadas previas “cientos de miles de guatemaltecos fueron afectados directamente en su diario vivir”.
Comerciantes, agricultores, industriales, prestadores de servicios y sus colaboradores, obligados a no atender sus actividades y emprendimientos, en perjuicio del sustento cotidiano de sus familias, añadió.
Valoró que muchas personas siguen sin poder movilizarse en las diferentes carreteras y vías de comunicación y otras no pueden salir de sus comunidades a causa de los bloqueos.
La Cámara de Comercio del país consideró que “la democracia no se defiende violando los derechos constitucionales fundamentales”.
El derecho a manifestar es constitucional, siempre que no violente los derechos de libre locomoción y las libertades de trabajo, comercio e industria, señaló en el texto.
En tal sentido, el Gobierno del país expresó que las medidas de hecho privan el acceso a la salud, obligan en algunos casos a exponer la vida de personas que necesitan acceder a atención médica de manera prioritaria, al quedar varadas en las carreteras, subrayó.
El MP divulgó la víspera que las protestas deben canalizarse a través de “las vías legales correspondientes”, en lugar de las medidas adoptadas.
Estas “no solo atentan contra los derechos humanos de los usuarios y del personal, sino también de las víctimas del delito que demandan acceso a la justicia”, remarcó.
Sin embargo, sectores sociales exigieron a la Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad que cumplan con su deber, a fin de resolver a la brevedad los recursos legales presentados en ley y orden.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) solicitó al segundo de esos entes judiciales que resuelva sobre la competencia del MP en materia electoral y si ha actuado conforme derecho.
Entidades locales e internacionales coinciden en calificar los allanamientos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad al órgano encargado de las votaciones de interferencias violatorias de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Los 48 cantones del departamento de Totonicapán y pueblo movilizado mantiene este miércoles por tercer día consecutivo el bloqueo de al menos 28 vías de Guatemala exigiendo las renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras.
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