Según datos de la organización no gubernamental Iniciativas de Abraham, de los 196 fallecidos, 14 son mujeres, y la mayoría perdió la vida en incidentes que involucraron armas de fuego.
El diario The Times of Israel señaló que los últimos crímenes ocurrieron ayer, cuando dos féminas fueron asesinadas en dos hechos separados.
En el primero Yasmin Jabareen, de 26 años, fue impactada por siete balas cuando uno o dos hombres armados abrieron fuego a través del parabrisas de su automóvil en la norteña ciudad de Arara, señaló.
Dos horas después, subrayó, una mujer de 40 años resultó gravemente herida al recibir un disparo en la localidad árabe de Shfaram. El Hospital Rambam de la ciudad de Haifa anunció su muerte poco después.
Muchos líderes comunitarios señalan a la policía por ignorar y hasta tolerar a poderosas organizaciones criminales.
Por su parte, el gobierno ultraderechista culpa al floreciente crimen organizado y a la proliferación de armas en las calles.
La violencia se extendió cada vez más a la política municipal en las últimas semanas, con amenazas y ataques dirigidos contra alcaldes, candidatos, funcionarios árabes y sus familias.
Cada una de estas víctimas fue el resultado del crimen rampante y la violencia que prolifera en ausencia del Estado, denunció Iniciativas de Abraham en su último reporte sobre el tema, publicado en julio.
Los descendientes de los palestinos que no fueron expulsados de sus tierras tras la creación del Estado judío, en 1948, denuncian desde entonces que son tratados como ciudadanos de segunda.
En la actualidad ellos suman 1,9 millones de personas, casi un 21 por ciento del total de la población de este país levantino.
Las altas tasas de desempleo, la pobreza y otros factores sociales son también causas del flagelo, de acuerdo con varios estudios.
Una encuesta realizada en marzo del pasado año reveló que el 94 por ciento de los árabes que viven en Israel sufrieron en alguna ocasión el racismo y la discriminación de la mayoría hebrea.
Según la investigación del Centro para la Religión, la Nación y el Estado, el 69 por ciento dijo ser objeto de racismo y discriminación en lugares públicos, mientras el 41 por ciento lo fue en instituciones académicas.
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