A la convocatoria de las autoridades indígenas de los 48 Cantones del departamento de Totonicapán se suman cada vez más organizaciones sociales en igual propósito de exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.
Los participantes mantienen cerrados puntos de carreteras estratégicas como las que conducen a las fronteras de México, El Salvador y Honduras.
Integrantes del Parlamento Xinka, procedentes de Santa María Xalapán, en el kilómetro 56 de la ruta al Atlántico, incorporaron la inhabilitación del paso en el ingreso a Sanarate, departamento El Progreso.
Entre otros nuevos, la capital se ve afectada en la calzada Aguilar Batres, zona 11; la avenida Petapa, frente a la entrada de la Universidad San Carlos de Guatemala (Usac), zona 12, aparte de la manifestación ante la sede del MP.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social señaló que existe riesgo de desabastecimiento en los servicios de la institución si continúa la situación de bloqueos a nivel nacional.
Mediante un comunicado, la cartera sanitaria pidió se permita el tránsito de ambulancias y vehículos que abastecen los servicios de salud, sobre todo que trasladan comida y medicamentos, personal médico y de enfermería.
Cámaras industriales advirtieron los sectores y productos más impactados por sobrecostos, atrasos y contratos incumplidos, los cuales llegarán al consumidor final, subrayó.
El director ejecutivo de la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas Francisco Cárdenas ejemplificó que el efecto de los bloqueos es devastador en toda la cadena de distribución de alimentos; desde el acceso y salida de puertos, hasta la llegada de agroinsumos a las comunidades.
Tras amparo provisional notificado la víspera por la Corte Constitucional al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, los cierres de carreteras podrían ser retirados, incluso mediante la fuerza.
La organización ancestral de Totonicapán aseguró a la prensa que si el Estado busca desalojarlos tienen “logística para contrarrestar todo lo que venga desde el Gobierno”.
“Esperamos que se respete este derecho y que en todo momento las autoridades correspondientes favorezcan el diálogo y no la acción violenta para resolver esta situación de bloqueos”, aseveró, por su parte, el presidente electo Bernardo Arévalo.
Allanamientos del MP al Tribunal Supremo Electoral provocaron una ola de repudio en el país por considerarlos ilegales y el llamado a que se respete la voluntad popular expresada en las urnas.
Los manifestantes en las calles reprochan las maniobras continuadas de la Fiscalía y responsabilizan a Porras de intentar frenar la toma de posesión el 14 de enero de 2024 de Arévalo y su vicemandataria, Karin Herrera.
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