Como estaba previsto, desde las 05:30, hora local, del pasado lunes, la organización ancestral y población unida a lo que denominaron paro nacional por tiempo indefinido salieron a las calles para reiterar el pedido de renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.
Al menos 25 puntos exigieron además el abandono del cargo del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthya Monterroso, el juez Fredy Orellana y otros actores vinculados a la persecución contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Participantes en la protesta de los departamentos de Sololá y Quiché llegaron a la sede del Ministerio Público (MP), pues sus funcionarios “actúan con abuso de poder y facilitan un plan de Golpe de Estado, orquestado desde el Pacto de Corruptos”, remarcaron.
En medio de la crisis política, equipos designados por el Gobierno de Guatemala y el presidente electo del país, Bernardo Arévalo, retomaron el miércoles el proceso de transición.
Mediante un comunicado, sin embargo, el ejecutivo resaltó primero que esa actividad se dio “en un ambiente de optimismo y confianza”, con la participación de Karin Herrera, próxima vicemandataria tras los sufragios del 20 de agosto pasado.
La cifra de cierres de vías el jueves ascendía a 33 en la cuarta jornada consecutiva y el presidente de su Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco, advirtió que esperaban que estas acciones “no sean más contundentes”.
Arévalo defendió el derecho a la manifestación pacífica reconocido en la Carga Magna, después de regresar a Guatemala de una gira por Estados Unidos.
“Esperamos que se respete este derecho y que en todo momento las autoridades correspondientes favorezcan el diálogo y no la acción violenta para resolver esta situación de bloqueos”, subrayó el abanderado del partido Movimiento Semilla.
Antes, un amparo provisional notificado por la Corte Constitucional al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras dio luz verde al Gobierno para que retire los bloqueos, incluso con empleo de fuerza de ser necesario.
A pesar de pedidos para canalizar las protestas a través de “las vías legales correspondientes”, los diferentes grupos mantuvieron más de 60 carreteras cerradas la víspera, incluyendo estratégicas como las que conducen a las fronteras de México, El Salvador y Honduras.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social señaló la existencia de riesgo de desabastecimiento en los servicios de la institución si continúa la situación de bloqueos a nivel nacional.
Allanamientos del MP al TSE provocaron una ola de repudio en Guatemala por considerarlos ilegales y el llamado a que se respete la voluntad popular expresada en las urnas.
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