El recurso pretende que el presidente del país, Alejandro Giammattei, el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y la Procuraduría de Derechos Humanos actúen contra los bloqueos y manifestaciones en las calles.
El amparo fue solicitado a la Corte de Constitucionalidad en el séptimo día consecutivo de las protestas, mientras asociaciones indígenas, movimientos populares y sociales, y empresarios mantienen cerradas más de 80 carreteras en exigencia de la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.
El pasado lunes la junta directiva de los 48 Cantones del departamento de Totonicapán salió a las calles y ocupó varias vías con la exigencia de también abandonen sus cargos los fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y el juez séptimo penal Fredy Orellana.
Estas peticiones llegan debido a que adoptaron “acciones arbitrarias que atentan contra la democracia y autonomía del pueblo y su orden constitucional”, según declararon las autoridades indígenas.
La organización ancestral, a la que se unieron grupos sociales, estudiantes, empresarios, negociantes, entre otros, aseguró que las protestas continuarán hasta que los mencionados renuncien a sus cargos.
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