De ese total de vías tomadas por manifestantes tras la convocatoria de autoridades indígenas, cinco son de esta capital, mientras la Policía Nacional Civil (PNC) informó que liberó 12 en todo el territorio, a partir de aplicar el protocolo respectivo: privilegiar el diálogo.
Participantes, sin embargo, declararon a la prensa local y en redes sociales que algunos fueron desalojados de repente en la madrugada cuando se encontraban descansando.
Anoche, a fuerza de disparos, dispersaron un bloqueo instalado en el nororiental departamento de Petén, donde testigos afirmaron que sus líderes recibieron antes amenazas de muerte.
Después de una reunión de casi cuatro horas con el Gobierno este jueves sin salida a la crisis, organizaciones ancestrales definieron 10 temas clave en sus acciones.
Destacaron que las protestas y bloqueos continuarán por tiempo indefinido en el país, además buscarán reunirse con magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad y la propia Porras.
Exigieron que la PNC resguarde las manifestaciones para garantizar la seguridad de quienes participan en ellas, pidieron evitar que infiltrados causen disturbios y recomendaron a los participantes no cubrirse el rostro.
Las autoridades indígenas se comprometieron a proteger y respetar el patrimonio de la nación durante las protestas y bloqueos, en todos permitirán el paso de unidades de emergencia y a aquellas con alimentos, así como productos de consumo diario o con combustibles.
Su llamado, al que se unieron cientos de miles de personas (estudiantes, campesinos, organizaciones comunales y sociales), comenzó a tomar cuerpo el pasado 2 de octubre para expresar la inconformidad ante las continuadas maniobras desde el Ministerio Público (MP).
Ese ente investigativo, considerado un instrumento del pacto de corruptos, ordenó allanar el Tribunal Supremo Electoral por presuntas irregularidades en los comicios disputados el 25 de junio y 20 de agosto pasados.
El ganador de los sufragios y abanderado del partido Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, señaló a Porras y dos de sus funcionarios de promover un golpe de Estado para evitar su llegada al poder, prevista para el 14 de enero de 2024.
Organizaciones locales e internacionales calificaron los operativos del MP violatorios de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, tanto como un atentado a la democracia, al vulnerar la voluntad popular con el secuetro de actas de votaciones.
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