A la convocatoria lanzada por los 48 cantones del departamento de Totonicapán desde el pasado día 2 se sumaron cada vez cientos de miles de personas (estudiantes, campesinos, organizaciones comunales y sociales) en exigencia de la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.
Los diferentes grupos unidos a lo que denominaron paro nacional por tiempo indefinido cerraron más de 120 puntos estratégicos como promedio para manifestar también su rechazo hacia otros actores vinculados a la persecución contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Todo ello, tras amparo de la Corte de Constitucionalidad (CC) para garantizar la libre locomoción, altos cargos advirtiendo el uso de fuerzas antimotines incluso y el presidente del país, Alejandro Giammattei, criminalizando unas protestas pacíficas.
La Conferencia Episcopal urgió al propio mandatario a cumplir con la responsabilidad que el pueblo le confío y pida la dimisión de Porras por las continuadas maniobras en detrimento de la voluntad popular expresada en las urnas.
La situación desarrollada es el resultado de acciones de organizaciones del Estado, principalmente del Ministerio Público (MP) que, con apariencia de legalidad, son contrarias al bien común, expresó la institución católica.
La Asociación de Navieros de Guatemala confirmó que los puertos del Pacífico llegaron al límite de contenedores llenos y vacíos, por lo cual pidió diálogo para solucionar la crisis.
La entidad encargada de las exportaciones, tras 12 días la víspera de bloqueos, estimó dos mil 870 millones de quetzales (casi 368 millones de dólares) de pérdidas económicas.
Mientras tanto, clases a distancia, mercados cerrados, comercios sin inventarios, alza de precios, afectaciones en servicios de agua, transporte, y recolección de desechos, así como fiestas y más de mil eventos suspendidos, entre otras.
En carta respuesta a una de Giammattei, el abanderado del partido Movimiento Semilla y ganador de los comicios, Bernardo Arévalo, recordó que durante meses la ciudadanía fue testigo de las interferencias ilegales del MP.
La jefa de ese ente investigativo –subrayó- emprendió “acciones dirigidas a burlarse del pueblo de Guatemala, romper la integridad del proceso electoral y negar los resultados del 25 de junio y el 20 de agosto”.
Arévalo señaló que durante todo este tiempo el presidente del país permaneció callado y al hablarle a la ciudadanía lo hizo “para ofenderle e incitar a la violencia”.
El futuro aparece incierto en Guatemala después de finalizar sin salida una reunión entre ocho autoridades indígenas y el Gobierno, que alegó no tener directamente facultades para remover a la fiscal general.
Las organizaciones ancestrales mantienen su postura para seguir en la lucha, aunque ya unidades policiales, en cumplimiento de la orden de la CC, lanzaron gas lacrimógeno para despejar algunas vías.
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