Hasta el momento el titular demostró respeto por los derechos humanos y por la libertad de manifestación pacífica, tal como está reconocido en la Constitución de la República, afirmaron mediante un comunicado los líderes ancestrales.
Rechazaron la solicitud de la fiscal general Consuelo Porras de destituir a Barrientos, quien envió la víspera una carta al presidente de la nación, Alejandro Giammattei, para anunciar su salida, la cual fue aceptada, según la Secretaría de Comunicación del Ejecutivo.
Nos resulta evidente su persistencia (de Porras) a pesar de que la actual situación del país es consecuencia de su obstinación a no renunciar, “lo que confirma su naturaleza golpista”, remarcaron las autoridades indígenas.
Calificaron de “inaudito que ahora utilice la violación del artículo 50 de la Ley de Amparo como argumento, cuando es evidente que ha sido ella quien ha infringido este artículo en múltiples ocasiones, como en el caso del amparo 3985-2023”.
Estas acciones violentas lideradas por Porras en el MP parecen estar buscando establecer grupos dispuestos a reprimir al pueblo que legítimamente exige su dimisión, señaló la asamblea de los territorios originarios.
Esto pone en peligro la esencia de nuestra democracia y el respeto a las libertades y derechos civiles, enfatizaron quienes el pasado 2 de octubre convocaron a las protestas en respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.
Instaron al pueblo de Guatemala a seguir levantando su voz contra los abusos y las transgresiones de esta entidad.
“Es nuestra responsabilidad colectiva asegurarnos de que las instituciones nacionales actúen en el mejor interés de la población, respetando la ley y los principios democráticos”, concluyeron las autoridades.
El MP pidió este lunes ante la Corte de Constitucionalidad la destitución del ministro de Gobernación por no acatar una resolución contra los bloqueos en el país, que alcanzan este su día 16.
Las autoridades indígenas decidieron salir a las calles en el llamado paro cívico indefinido tras allanamientos continuados de la Fiscalía contra el Tribunal Supremo Electoral, el último incluso con violencia sobre sus magistrados para secuestrar actas.
Organizaciones locales e internacionales calificaron las maniobras con la aprobación de Porras violatorias de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
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