Tal análisis comenzó y fue suspendido el 10 de octubre, y las tres acciones apuntan a abuso de poder político en la realización de transmisiones en vivo en los palacios de la Alvorada (residencia oficial de los mandatarios) y en del Planalto (sede del Poder Ejecutivo) para exponer propuestas electorales en 2022.
En esa fecha, el examen comenzó con la lectura del informe del relator Benedito Gonçalves, seguido por la presentación de los argumentos de la acusación y la defensa, y concluyó con la manifestación de la Fiscalía General Electoral.
Al iniciar el repaso del documento, Gonçalves explicó que las tres acciones están siendo juzgadas en conjunto para discutir un tema en común: si la Alvorada y Planalto pueden ser utilizados para la realización de difusiones electorales y actos transmitidos por los medios de comunicación e internet.
Los autores de las demandas argumentan que la legislación prohíbe el uso de bienes públicos a disposición de los ocupantes de cargos, cuando se trata de acto de campaña con carácter público.
Una acción, en específico, sostiene que Bolsonaro concedió una conferencia de prensa en las dependencias del Planalto para informar a sus nuevos aliados políticos sobre la segunda ronda del 30 de octubre del pasado año y hacer propaganda a favor de su campaña, utilizando bienes del predio público.
Ahora, la reanudación del juicio se dará con la lectura del voto de Gonçalves. A continuación, emitirán su parecer los jueces Raúl Araújo, Floriano de Azevedo Marques, Ramos Tavares, Carmen Lucía, Nunes Marques y Alexandre de Moraes.
En total, se presentaron 17 acciones contra el exgobernante por presuntas irregularidades en las pasadas justas comiciales. De estas, fue punido en una, tres siguen en juicio este martes y las demás están en trámite.
Bolsonaro fue condenado en junio por el TSE, por cinco votos a dos, y quedó inelegible durante ocho años.
En la audiencia, los ministros entendieron que hubo abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación en una reunión, en julio de 2022, con embajadores extranjeros en el que el exmilitar hizo ataques a las urnas electrónicas brasileñas.
De acuerdo con el abogado Walber de Moura Agra, representante del Partido Democrático Trabalhista, hubo «clara utilización de bienes públicos» para ganar votos.
Se mezclaron actos de gobierno con de campaña «para interferir en el proceso electoral de forma no republicana», alegó el jurista.
La defensa de Bolsonaro sostuvo, sin embargo, que el uso de los palacios se dio de forma regular, dentro de lo permitido por la ley.
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