El viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba, Gerardo Peñalver, aseguró que los perjuicios económicos de esa política al sector de las comunicaciones y la informática, entre marzo de 2022 y febrero de 2023, se estiman en 41 millones 270 mil 50 dólares.
La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, entidad con mayor afectación, registró 40 millones 901 mil 400 dólares en pérdidas, aproximadamente el 99,1 por ciento del total de los daños.
Precisó que se mantienen el asedio y las presiones a las entidades con relaciones comerciales y otras con interés de negociar con las empresas de comunicaciones.
Esto incide negativamente en la posibilidad de los cubanos de disponer de una infraestructura adecuada, mayor acceso a internet y a la informatización de la sociedad, detalló al respecto el representante cubano.
«Ningún país enfrenta un proceso de modernización tecnológica en estas condiciones tan adversas», denunció durante su participación en la Comisión Política Especial y de Descolonización sobre cuestiones relativas a la información.
Al mismo tiempo, la nación norteña utiliza el ciberespacio para intentar subvertir el orden constitucional cubano, para lo que utiliza con particular saña las plataformas digitales, agregó.
Para ello, acotó, financian el desarrollo de plataformas de generación de contenidos ideológicos que llaman abiertamente a derrocar nuestro orden constitucional.
«Desde territorio estadounidense se promueven convocatorias para la realización de manifestaciones en espacios públicos, e incluso, se incita a la ejecución de sabotajes, atentados y actos terroristas, incluyendo el asesinato de agentes del orden público y representantes del gobierno», agregó el también representante permanente de Cuba ante la ONU.
Peñalver rechazó los intentos desesperados del Gobierno de Estados Unidos para desestabilizar el país caribeño, usando campañas mediático-comunicacionales en condiciones de una verdadera guerra económica.
En este intento, Washington ha fabricado pretextos y creado una narrativa engañosa, a fin de posicionar la falsa imagen de un gobierno en crisis, represivo e inestable, todo ello en franca violación del derecho internacional, remarcó.
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