Hay resoluciones de esa alta corte que muchas veces pueden ser para alterar el orden público, declaró en conferencia de prensa el líder indígena, acompañado de una representación de 17 organizaciones ancestrales del país.
La CC conminó esta mañana al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil para que, en un plazo no mayor a seis horas, ejecuten las acciones pertinentes para restituir el orden público y la entrada plena a la sede del Ministerio Público (MP).
Ante esta situación, Pacheco anunció que con la intervención del Procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova, tendremos una mesa de diálogo “para establecer cuál ha sido la condicionante por la cual se nota una represión contra las protestas”.
“Nuestra manifestación frente al MP ha sido en la calle, se ha permitido el ingreso de personas, alimentos, el cambio de los guardias de seguridad”, aclaró la autoridad.
Insistió en el llamado a la calma, a la unidad, a la democracia y sobre todo a la paz, mientras crecen los llamados al pueblo a través de redes sociales para concetrarse frente a la sede del ente investigativo, en esta capital.
“Nosotros no venimos a oponernos, esta no es una lucha de poderes, no es una guerra interna, nosotros solo somos autoridades que venimos a representar a nuestra población, porque es una obligación colectiva, que nace desde nuestras bases”, enfatizó Pacheco.
Remarcó que seguirán en resistencia pacífica, «porque no se vale que nos tomen de esta manera», aseveró, cuando quedan las evidencias de acciones que lejos de provocar, solo expresan inconformidad ante el Gobierno por el actuar de la Fiscalía.
La CC ordenó a la Policía, “conforme la previsión contenida en el artículo 257 del Código Procesal Penal, proceder a la aprehensión de los implicados en la comisión de delitos flagrantes”.
Las organizaciones ancestrales que impulsaron estas protestas el 2 de octubre pasado, el jueves último intercambiaron con el presidente del país, Alejandro Giammattei, en busca de una solución, pero sin resultados.
El mandatario manifestó, a pesar de la ilegalidad que constituyeron los allanamientos del MP al Tribunal Supremo Electoral, que no tiene facultad para solicitar la renuncia de Porras.
Entidades nacionales e internacionales calificaron a la fiscal general y varios de sus funcionarios de garantes de la impunidad en este territorio centroamericano y de promover maniobras contra la voluntad popular expresada en las urnas.
rgh/znc
