Este recurso legal “evidencia que los Magistrados han sido serviles al pacto de corruptos y que no están actuando en defensa de la Constitución”, precisó la organización mediante un comunicado.
Sus resoluciones han favorecido a los que quieren seguir en el poder y encubrir sus malas acciones, remarcaron las mujeres indígenas, tras la decisión dirigida a autoridades de Gobernación y de la Policía.
Esta mañana la CC otorgó a las instituciones mencionadas un plazo no mayor a seis horas para que ejecuten las acciones pertinentes contra los manifestantes.
Moloj calificó la medida de una amenaza a la democracia, pues “las manifestaciones pacíficas están establecidas en la Constitución, en su artículo 33”, subrayó.
En consecuencia, recordó en el texto que ningún funcionario empleado público, puede vedar ese derecho tal como se establece en la misma carta Magna.
Exigió respeto a la integridad física de los diferentes colectivos de autoridades ancestrales, organizaciones estudiantiles, sociales, educativas, salud y mercados presentes frente a la sede del MP.
Las mujeres indígenas mayas responsabilizaron a los magistrados de la CC, al presidente del país, Alejandro Giammattei, así como a la fiscal general Consuelo Porras “si en estos desalojos existe violación a los derechos humanos y uso excesivo de la fuerza por parte de los elementos de seguridad”.
El Procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova, la Policía Nacional Civil y líderes de los 48 Cantones de Totonicapán intercambian a esta hora con el fin de poder llegar a un acuerdo y evitar el desalojo con violencia del MP.
El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, condenó a través la red social X la orden de usar la fuerza en contra de las manifestaciones pacíficas, mientras se desarrollan diversos procesos de diálogo que buscan dar salidas a la crisis, acotó.
El único resultado de ese desalojo “será elevar la conflictividad, reduce las rutas pacíficas para encontrar soluciones que garanticen la unidad y la estabilidad”, afirmó el actual diputado.
Desde hace 17 días estudiantes, campesinos, comerciantes, profesionales, organizaciones comunales y sociales acompañan el plantón ante la sede del ente investigativo para expresar inconformidad por las continuas maniobras contra los comicios.
Los participantes unidos insisten en la renuncia de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y varios de sus funcionarios por los continuados allanamientos al Tribunal Supremo Electoral.
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