La alta instancia conminó a las autoridades de Gobernación y de la Policía Nacional Civil para que, en un plazo no mayor a seis horas, ejecuten las acciones pertinentes para restituir el orden público y la entrada plena.
Exigió a las fuerzas del orden, “conforme la previsión contenida en el artículo 257 del Código Procesal Penal, proceder a la aprehensión de los implicados en la comisión de delitos flagrantes”.
Las autoridades indígenas convocantes y organizaciones sociales unidas desde hace 17 días permanecen en un plantón ante la capitalina sede central del MP, donde insisten en la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.
La CC dictó además al Ministerio de la Defensa Nacional, prestar el auxilio en caso de ser estrictamente necesario y por solicitud de las autoridades cuestionadas, brindando la cooperación por medio del ejército de Guatemala, dentro del marco de sus funciones.
Incluyó al Procurador de los Derechos Humanos para que acompañe las acciones ordenadas, velando por los derechos de todos los involucrados.
Previno a las autoridades directamente encargadas de la seguridad que, “en toda situación en que se anuncien manifestaciones o en medio de la realización de éstas, resguarden las instalaciones de todos los órganos estatales encargados”.
Indicó que deben actuar de manera preventiva o reparadora, para garantizar, en todo momento, el acceso, permanencia segura y salida de las sedes respectivas, tanto de trabajadores y funcionarios como de los usuarios.
Las 17 organizaciones ancestrales que impulsaron estas protestas el 2 de octubre pasado, el jueves último dialogaron con el presidente del país, Alejandro Giammattei, en busca de una solución, pero sin resultados.
El mandatario manifestó, a pesar de la ilegalidad que constituyeron los allanamientos del MP al Tribunal Supremo Electoral, que no tiene facultad para solicitar la renuncia de Porras.
Las múltiples entidades sumadas al llamado paro nacional indefinido calificaron a la fiscal general y varios de sus funcionarios de garantes de la impunidad en este territorio centroamericano.
El ganador de las elecciones presidenciales y abanderado del partido Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, señaló al MP de promover un golpe de Estado para evitar su llegada al poder, prevista para el 14 de enero de 2024.
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