Por Zeus Naya
Corresponsal jefe en Guatemala
En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, el fundador de la organización Acción Ciudadana incluyó igualmente la destitución de la funcionaria, “lo que sea por parte del Gobierno”, subrayó.
Desde el pasado 2 de octubre autoridades indígenas decidieron salir a las calles en paro cívico indefinido tras allanamientos continuados de la Fiscalía contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el secuestro de actas de votaciones.
Diferentes entidades locales e internacionales insistieron en calificar las maniobras efectuadas con la aprobación de Porras, violatorias de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
El MP, considerado un instrumento del pacto de corruptos, ordenó allanar el TSE por presuntas irregularidades en las votaciones realizadas el 25 de junio y 20 de agosto últimos.
El presidente electo de la nación, Bernardo Arévalo, señaló a Porras y dos de sus funcionarios por promover un golpe de Estado para evitar su llegada al poder, prevista para el 14 de enero de 2024.
A los bloqueos de carreteras estratégicas del país de forma pacífica se unieron estudiantes, campesinos, comerciantes, profesionales, organizaciones comunales y sociales en defensa de la democracia.
PROTESTAS INÉDITAS
Marroquín, excandidato al máximo cargo del Estado en los sufragios de 2019 por el extinto partido Encuentro por Guatemala (EG), llamó históricas e inéditas las protestas registradas en estas tres semanas.
El origen -explicó- radica en el cansancio de toda la población, hastiada del Estado de corrupción y de impunidad que gobierna la tierra del quetzal.
“Vemos que son efectivamente organizaciones indígenas las que lideraron esta convocatoria”, destacó el también politólogo, formado en la Universidad Rafael Landívar.
Precisamente esa comunidad -opinó- está sufriendo escasez de servicios públicos, de mala calidad, carreteras en abandono, y faltan medicinas en hospitales, entre otras insuficiencias.
“Y toda esa corrupción protegida por las instituciones de justicia como el MP, pues son las que ya la gente no tolera más y ese es el levantamiento existente”, describió.
“Primera vez en la historia del continente americano que una nación entera se para frente al rechazo de una gestión de un funcionario judicial, que logra cerrarla por el descontento con su función”, estimó el experto.
La acción colectiva de lucha y resistencia en los distintos puntos dio cauce a expresiones recreativas, espacios pintorescos de manifestación cultural (magia, acrobacia, pintura, canciones, trova, cumbia, salsa, alegría).
En plena vía hasta bailaron quienes estaban en el tráfico y querían que los dejaran pasar, en otra músicos o artistas plásticos aprovecharon el espacio para soltar su energía.
¿CONTINUARÁ LA SITUACIÓN?
A juicio de Marroquín, quien lleva más de 30 años de activismo en diferentes organizaciones, los participantes en las protestas siguen sin retroceder en su demanda; “creo que eso no es negociable”, reflexionó.
También -aseveró- porque los argumentos del Gobierno y de los empresarios de querer mantener a la fiscal general en su puesto no son sólidos.
La gente sabe que así como ellos la nombraron, la pueden destituir; sin embargo, el nivel de protección que hay hacia Porras puso en alerta a toda la población, valoró el politólogo.
“Nadie explica cómo por mantener a una funcionaria pueden asumir el costo que está teniendo este paro a nivel económico”, remarcó.
La crisis pone prácticamente en vilo la estabilidad financiera y social del país, enfatizó el entrevistado a esta agencia.
“Pero eso dice cuál es el nivel de compromiso que tienen los funcionarios del Gobierno y el sector empresarial al proteger a esta persona y mantenerla en el cargo de fiscal general”, concluyó el analista.
Ante reclamos de Porras, de grupos de poder económico y algunos políticos de disolver las protestas pacíficas, incluso con el empleo de la fuerza, las unidades policiales optaron por priorizar el diálogo con los participantes.
Sin embargo, miembros del crimen organizado arremetieron en cierres de vías de Quezaltepeque, Chiquimula; Moyuta, Jutiapa; Palín, Escuintla; Petén, El Asintal, Retalhuleu, Malacatán, San Marcos y el sector de carretera a El Salvador, en esta capital.
Las acciones dejaron un muerto y al menos dos heridos, mientras la jefa del MP pedía a la Corte de Constitucionalidad que el ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, fuera destituido por no acatar una orden de esa misma instancia.
Este presentó en lo inmediato la renuncia al mandatario actual, Alejandro Giammattei, la cual fue aceptada y constituyó el primer impacto de la crisis en la administración nacional, según entendidos, muestra además de sus divisiones internas.
Los líderes de las 17 organizaciones ancestrales aseguraron que continuarán en las calles hasta que se cumpla su exigencia e instaron al pueblo a seguir levantando la voz contra los abusos y las violaciones del MP.
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