La iniciativa de socios múltiples beneficiará a las personas vulnerables en el país sudamericano, en particular para brindar atención médica y otras necesidades básicas.
Esta medida se produce casi un año después de que el Gobierno venezolano y la oposición firmaran un acuerdo para crear el fondo, que exige que algunos de los tres mil millones de dólares en activos nacionales actualmente congelados por las medidas coercitivas en el extranjero se desvíen para atender necesidades esenciales.
De acuerdo con lo pactado, esto permitiría acceder a financiamiento en cuatro áreas fundamentales: salud, educación, seguridad alimentaria y electricidad, de acuerdo con un artículo publicado por The New Humanitarian que cita fuentes anónimas.
Los tres mil millones de dólares, retenidos en bancos extranjeros debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países occidentales, no estarán disponibles en un corto plazo, agregó el artículo.
Sin embargo, cerca de 600 millones de dólares podrían ser descongelados progresivamente.
Es poco probable que el fondo fiduciario esté en funcionamiento de manera inminente, pues antes deben superarse los protocolos del organismo y conseguir la aceptación del Gobierno y la oposición venezolanos.
Ambas partes retomaron esta semana las conversaciones en Barbados en el reinicio de los diálogos suspendidos un año atrás.
La ONU acogió con beneplácito el nuevo impulso y agradeció los esfuerzos de los socios regionales e internacionales para las conversaciones, que cuentan con la facilitación de Noruega y la participación de Países Bajos y Rusia como países acompañantes.
Un comunicado divulgado la víspera saludó la implementación de buena fe de los acuerdos liderados por los venezolanos para la celebración de elecciones inclusivas, transparentes y creíbles en 2024, así como para abordar las preocupaciones en materia de derechos humanos.
El Gobierno y la opositora Plataforma Unitaria suscribieron dos acuerdos parciales referidos a la promoción de derechos políticos y electorales y protección de las garantías vitales para todos, incluyendo la protección de los activos en el exterior.
Las partes acordaron en el primero de los convenios reconocer el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato de manera libre y conforme a los mecanismos internos, la Constitución y la ley; y promover de manera conjunta ante Consejo Nacional Electoral un conjunto de garantías para todos.
Estas incluyen proponer que el proceso electoral presidencial previsto para el venidero año se realice en el segundo semestre del 2024.
También pactaron el desarrollo de todas las auditorías previstas en el sistema electoral venezolano con la participación de actores políticos, internacionales y la invitación a misiones técnicas foráneas como la Unión Europea, la Unión Africana, un panel de Expertos de la ONU y el Centro Carter, para observar el desarrollo de los comicios.
Asimismo, promover un discurso público y un clima favorable, sin injerencias externas, de respeto a la ciudadanía, la Constitución y las leyes del país, y rechazaron cualquier forma de violencia y acciones que atenten contra la paz territorial de la nación sudamericana.
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