«Vamos a dialogar y a seguir trabajando para que tengamos, como tenemos hoy, seguridad jurídica y también para respetar los derechos de los pueblos originarios», señaló Lula en mensaje publicado en la red social X (antes Twitter).
La decisión fue anunciada tras la reunión del mandatario con los ministros Sonia Guajajara (Pueblos Originarios), Alexandre Padilha (Relaciones Institucionales), Jorge Messias (Abogado General de la Unión) y el Secretario Especial para Asuntos Jurídicos de la Casa Civil, Wellington César Lima.
Al respeto, Guajajara afirmó en una plataforma digital que el resultado es una victoria para los pueblos nativos que «vienen realizando una gran movilización contra el tema y hace respetar la Constitución, la cual ya prevé reglas específicas para la demarcación de tierras indígenas».
De acuerdo con Padilha, todo lo que fue considerado inconstitucional fue vetado y la decisión debe ser publicada en el Diario Oficial de la Unión.
Sin embargo, Lula sancionó trechos de la polémica propuesta, aprobada por el Congreso Nacional el 28 de septiembre, que definen reglas de las demarcaciones.
Cuando el proyecto llegue al Parlamento, los legisladores pueden mantener o revocar el veto del presidente. Si es abolido, el texto aprobado anteriormente entrará en vigor.
La tesis jurídica defendida por el sector rural alega que la jurisdicción de una tierra nativa solo puede ocurrir si se comprueba que los indígenas estaban en el espacio requerido el 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la Constitución.
Pese a reclamos y que el hito contradice la carta magna, el criterio de circunscripción fue aprobado por el Congreso, aunque fue declarado inconstitucional por el Supremo Tribunal Federal por votación de nueve a dos.
El proceso que motivó la discusión trata de la disputa por la posesión de la Tierra Indígena Ibirama, en el sureño estado de Santa Catarina.
La zona está habitada por los pueblos xokleng, kaingang y guarani y la tenencia de parte del dominio es cuestionada por la Fiscalía de la división territorial.
Especialistas critican la tesis transitoria, teniendo en cuenta que validaría y legalizaría invasiones y violencias cometidas contra indígenas para la toma de posesión de tierras antes de esa fecha.
Para líderes aborígenes, el marco excluye la realidad histórica y cultural de los nativos, y viola tratados internacionales firmados por Brasil, como la Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
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