La polémica tesis jurídica defendida por el sector rural alega que la jurisdicción de una tierra nativa solo puede ocurrir si se comprueba que los indígenas estaban en el espacio requerido el 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la Constitución.
Pese a reclamos y que el hito contradice la Carta Magna, el criterio de demarcación fue aprobado por el Congreso Nacional el 28 de septiembre, aunque fue declarado inconstitucional por el Supremo Tribunal Federal por votación de nueve a dos.
El portal Brasil de Fato asegura que si Lula veta el proyecto íntegramente, reafirmará el compromiso de campaña con el movimiento aborigen, sector que apoyó su candidatura e indicó integrantes del gobierno, como la ministra Sonia Guajajara de los Pueblos Indígenas.
Para el sitio, cualquier acción que no sea el veto integral al marco temporal estremecería la relación entre el gobernante y ministros alineados con la causa indígena, especialmente Guajajara y Marina Silva, ministra del Medio Ambiente.
Al mismo tiempo, según Brasil de Fato, el veto integral crearía desgastes para el Gobierno en el Congreso, «cuya bancada más poderosa es financiada por terratenientes que disputan tierras con indígenas».
Tales deterioros serían principalmente en el Senado, en el que la mayoría de los votos favorables al marco temporal provienen de partidos con cargos en el Ejecutivo.
El proceso que motivó la discusión trata de la disputa por la posesión de la Tierra Indígena Ibirama, en el sureño estado de Santa Catarina.
La zona está habitada por los pueblos Xokleng, Kaingang y Guarani y la tenencia de parte del dominio es cuestionada por la fiscalía de la división territorial.
Especialistas critican la tesis transitoria, teniendo en cuenta que validaría y legalizaría invasiones y violencias cometidas contra indígenas para la toma de posesión de tierras antes de esa fecha.
Según líderes aborígenes, el marco excluye la realidad histórica y cultural de los nativos, y viola tratados internacionales firmados por Brasil, como la Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
La víspera, líderes de los pueblos Pataxó, Tupinambá y Tumbalalá se reunieron en Brasilia con la secretaria nacional de diálogos sociales y articulación de políticas públicas de la Secretaría General de la Presidencia, Kelli Mafort.
En la ocasión, reforzaron la importancia del presidente vetar integralmente el proyecto de ley, «un genocidio para los pueblos indígenas», subrayó el cacique Jucinaldo Tumbalalá.
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