Por Zeus Naya
Corresponsal jefe en Guatemala
“La capacidad orgánica y la experiencia de lucha y resistencia han sido los pilares de las movilizaciones y del sentido de la protesta en sí”, declaró el también analista político guatemalteco en exclusiva para Prensa Latina.
Las autoridades indígenas -valoró- devienen entonces ejemplos de liderazgo social, político, ético e histórico, lo cual se amalgama con los liderazgos sociales de organizaciones urbanas populares y proletarias.
“Ello fortalece la lucha de clases desde el pueblo y desde los pueblos”, expresó a esta agencia el profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
A su juicio, el espíritu de las diferentes cosmovisiones de los pueblos indígenas que proceden y se desarrollan desde troncos comunes como la maya y la xinka, le otorgan a las movilizaciones sociales una potencia mayor.
También, añadió, más profundidad en la búsqueda de objetivos comunes, que van en la línea de transformaciones cualitativas que ya son impostergables, remarcó.
Al mismo tiempo, subrayó, “las autoridades indígenas se presentan como ejemplos frente a los malos gobernantes, como los que actualmente han provocado la corrupción que pretende botar el proceso electoral”.
Las organizaciones ancestrales, junto con los sectores populares, dan una gran muestra de que sólo el sentido de comunidad puede derrotar al sistema que se basa en los intereses particulares, puntualizó el catedrático.
INTEGRACIÓN DE DIFERENTES SECTORES
Para Chaulón las protestas desde el pasado 2 de octubre contra el actuar del Ministerio Público (MP) forman parte de un largo proceso de luchas sociales, provocado por las contradicciones históricas de la estructura socioeconómica dominante. La misma –afirmó el experto a Prensa Latina- que no ha querido ni logrado resolver los graves problemas que genera.
“Estamos viendo cómo se agudiza la lucha de clases en Guatemala; la dialéctica nos demuestra que a mayor opresión hay un momento que la reacción del pueblo es más fuerte e inevitable”, explicó.
En la historia más reciente de la nación, la cual podemos registrar desde la firma de los Acuerdos de Paz (29 de diciembre de 1996), estas protestas son inéditas, aseveró el profesor.
“Han logrado integrar a diferentes sectores que, valga la redundancia, históricamente han estado separados debido a las mismas consecuencias del poder”, argumentó.
Con los liderazgos de los pueblos indígenas organizados -amplió- las protestas reconstruyen el tejido social de las grandes mayorías desde el sentido de clase trabajadora y en varios lugares desde el sentido étnico.
Pero todos convergen en la lucha contra la corrupción y por la defensa de lo poco que queda de democracia en la tierra del quetzal, comentó el igualmente analista social.
La toma de conciencia colectiva -consideró- trasciende las demandas de que se respete el proceso electoral para entrar a criticar las graves problemáticas sociales y económicas.
Mencionó entre ellas el racismo, el patriarcado, la desnutrición, el hambre, las desigualdades, el abuso de poder, el analfabetismo, la precariedad material e inmaterial de la educación y la falta de acceso a la salud.
Asimismo, agregó, las condiciones migratorias, la violencia, la falta de vivienda y el desempleo, entre otras.
“Sectores sociales que tradicionalmente no se involucraban en estas protestas, hoy se están manifestando a través del sentido de comunidad: barrios, colonias, aldeas, municipios, territorios, pueblos”, describió.
Enfatizó que esta es una de las más importantes características de estas jornadas de protesta de octubre de 2023 en el país, que las convierten en históricas en comparación con otras, remarcó.
Aunque todas -precisó- forman parte del mismo proceso, calificó de trascendental el involucramiento de capas medias urbanas en diálogo y compartición de consignas, conciencia y praxis con los pueblos indígenas y los sectores populares.
¿PROTESTAS GARANTIZAN QUE ASUMA GOBIERNO ELECTO?
En criterio de Chaulón, los grupos de poder están tratando de hacer todo para evitar que el presidente electo, Bernardo Arévalo, tome posesión el próximo 14 de enero de 2024.
“Su interés primordial es dejar sin efecto el proceso comicial, argumentando que hubo un fraude, lo cual es totalmente falso”, reflexionó.
Pero no contaban con las protestas populares y eso los ha detenido; sin embargo, en este momento están recurriendo a mecanismos legales para hacer que bajen de intensidad, señaló.
En tal sentido, advirtió el antropólogo social, “posiblemente el MP intente publicar los supuestos resultados de la investigación sobre el partido Movimiento Semilla, la cual está plagada de falsedades, para dejar sin efecto las elecciones”.
Al decir del analista guatemalteco, es un golpe de Estado a través de manipulación de la ley o de lawfare (guerra jurídica).
Sin embargo, acotó, la intensidad de las manifestaciones lo impide y es por ello que el poder recurre a la Corte de Constitucionalidad (CC) para que los bloqueos sean desalojados.
Eso, con el objetivo de expulsar a las personas ubicadas en la parte exterior de la sede del MP y hacer que las manifestaciones se conviertan solamente en protestas, sin que causen ninguna presión al sistema dominante, describió.
Buscan -significó- que las personas se cansen y se desgasten, en cambio, la consigna de las organizaciones sociales es “ni un paso atrás” y seguir en los bloqueos de carreteras estratégicas y plantones ante las sedes del MP.
Con tales acciones demuestran fuerza, y si es necesario dialogar lo hacen, pero sin que las movilizaciones se debiliten, manifestó el catedrático a Prensa Latina.
Expuso que la CC dio el miércoles 18 de octubre una resolución en la que autorizó el uso de la fuerza para desalojar a los manifestantes de la sede del MP, por lo cual la nación entró en un estado de alerta.
“La indignación de las comunidades y de los pueblos que participamos ha aumentado, y es algo que el gobierno sabe, pero seguirá tratando de empujar a que las movilizaciones se debiliten y tratarán de ganar tiempo”, adelantó.
Es posible -estimó- que su estrategia sea que la fiscal general Consuelo Porras permanezca en el cargo hasta el 14 de enero y que al tomar posesión Arévalo le pida su renuncia.
Puede que ella con sus cercanos cómplices huya del país y la estrategia para desestabilizar al nuevo Ejecutivo la hagan de otra manera, opinó el experto.
“Pero todo esto es con el patrocinio de los sectores más conservadores de la clase dominante. Si las manifestaciones se mantienen, la toma de posesión se podrá llevar a cabo”, concluyó Chaulón.
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