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Presión por renuncia de fiscal centrada frente al MP de Guatemala

Ciudad de Guatemala, 23 oct (Prensa Latina) Sin bloqueos de carreteras, la estrategia de las autoridades indígenas mayas para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras centra hoy la presión frente al Ministerio Público (MP) de Guatemala.

En la jornada 22 consecutiva, las organizaciones ancestrales convocantes a las protestas fortalecerán su lucha ante la sede de ese ente investigativo, señalado de promover un golpe de Estado contra el binomio presidencial electo (Bernardo Arévalo y Karin Herrera).

La junta directiva de los 48 Cantones del departamento de Totonicapán detalló que como parte de las nuevas acciones cinco comunidades diferentes conformarán el plantón en el capitalino barrio Gerona, donde se ubica el edifico del MP.

Así, mientras analizan otros panoramas para continuar con la resistencia pacífica en ese lugar, al cual la ciudadanía llega para defender la democracia, disfruta de expresiones artísticas, danzarias y música.

Hemos visto en las redes que hay desinformación, andan diciendo que ya nos dimos por vencido, que ya no seguimos, declaró a la prensa el presidente de los 48 Cantones, Luis Pacheco.

Precisó que eso es mentira, “vamos a demostrarlo aquí en la ciudad capital, que cada vez somos más, que cada vez nos unimos”, subrayó el líder indígena maya K’iche.

Enfatizó que para quienes encabezan el movimiento no es cansancio ni agotamiento, y que por el contrario representa alegría que los ciudadanos se manifiesten a través de estos gestos.

Diferentes sectores dieron valor a la reorganización planteada, e incluso crece el reclamo a garantizar que Arévalo, Herrera y los alcaldes electos tomen posesión de sus cargos el 14 y 15 de enero de 2024.

La fiscal general sigue sin aparecer públicamente desde el lunes 9 de octubre, solo el martes último la institución publicó una foto en las redes sociales de un evento virtual en el que participó.

Las múltiples entidades sumadas a las movilizaciones calificaron a Porras, al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y al juez Fredy Orellana de garantes de la impunidad en este territorio.

El MP, considerado un instrumento del pacto de corruptos, ordenó allanar el Tribunal Supremo Electoral por presuntas irregularidades en las votaciones realizadas el 25 de junio y 20 de agosto, lo cual provocó una crisis inédita en el país.

mem/znc

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