El análisis de los casos se realizará en formato en el que los votos se presentan en forma electrónica.
Sin embargo, el examen puede ser interrumpido si algún ministro solicita pedido de vista o que los casos sean llevados a juicio presencial.
Los dos mecanismos están previstos en las reglas internas del STF y pueden ser accionados por cualquier magistrado.
Detenidos durante los ataques a los edificios de la plaza de los Tres Poderes en Brasilia, los siete implicados fueron acusados por la Procuraduría General de la República por los crímenes de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, asociación criminal armada, daño calificado y deterioro del patrimonio derribado.
El ministro Alexandre de Moraes, del STF, autorizó el miércoles compartir el informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de los episodios antidemocráticos y todas sus pruebas con las investigaciones en curso en la corte.
La senadora Eliziane Gama, ponente de la CPI, entregó el martes el documento al letrado.
El texto final pide el procesamiento de 61 personas, entre las cuales figura el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).
Según De Moraes, el informe revela el procedimiento atentatorio contra la democracia adoptado por las milicias digitales, además del apareamiento de la Policía Vial Federal y fallas del órgano central de inteligencia «como graves instrumentos de ataques al sistema electoral y sus instituciones».
La CPI, describió el ministro, investigó los intentos de obstrucción de las elecciones y, posteriormente, de su anulación, con bloqueos de carreteras, campamentos golpistas, la presencia de grupos paramilitares, la noche del 12 de diciembre y el intento de explosión del aeropuerto el 24 de diciembre.
«En la secuencia, las investigaciones de la CPI analizan esas conexiones con el 8 de enero de 2023 y las criminales invasiones a las sedes de los Tres Poderes de la República», afirmó.
De acuerdo con De Moraes, el intercambio de información debe tener lugar por ser «pacífico el entendimiento del Supremo Tribunal Federal en cuanto a la posibilidad de compartir elementos informativos recogidos en el ámbito de investigación para instruir otro procedimiento penal».
Bajo gritos de intervención militar y rechazo a la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, adeptos radicales de Bolsonaro invadieron y saquearon el 8 de enero las sedes capitalinas del Congreso Nacional, el STF y el Palacio Presidencial.
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