“Mantenemos la resistencia”, “seguimos hasta que se logre el objetivo”, declaró el síndico primero de la alcaldía indígena de esa demarcación, Edgar Tuy, en abierta referencia a la renuncia de la fiscal general de la nación, Consuelo Porras.
El líder comunitario planteó que la apertura de vías se adoptó por consenso de la asamblea y desmintió que exista una crisis en Sololá, tras cierre de tiendas, escasez de alimentos, lo cual condujo a manifestaciones de desesperación.
Tuy condenó el comunicado divulgado la víspera por la Cámara de Comercio, “porque ellos no tuvieron agallas para pronunciarse contra lo que está pasando con la democracia en Guatemala, o seguramente son cómplices”, señaló.
En un comunicado esta entidad pidió el “cese inmediato” de los bloqueos de carreteras, los cuales calificó como “acciones abusivas e ilegales”.
La Cámara enrumbó su mensaje en el sentido de la situación que vive Sololá, donde vecinos y comerciantes están secuestrados y amenazados, subrayó.
Desde el 2 de octubre hasta el viernes 20, las autoridades indígenas de varias regiones y organizaciones sociales mantuvieron las protestas en alrededor de 150 puntos del país en defensa de la voluntad popular expresada en las urnas.
El fin de semana pasado acordaron un cambio de estrategia y reforzar la presión ante la sede del Ministerio Público (MP) en esta capital, señalado de promover un golpe de Estado contra los ganadores de los comicios.
Sin embargo, las comunidades de Sololá regresaron a cinco puntos de la Interamericana desde el lunes último en rechazo al actuar de Porras, del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y, el juez Fredy Orellana.
El MP, considerado un instrumento del pacto de corruptos, ordenó allanar el Tribunal Supremo Electoral por presuntas irregularidades en las votaciones realizadas el 25 de junio y 20 de agosto, lo cual provocó una crisis inédita en Guatemala.
ro/znc
