A partir de las 14:00, hora local, los legisladores debatirán la modificación del artículo 213 del Código Penal para fortalecer el enfrentamiento a esos comportamientos y valorarán propuestas como condenas de tres meses a dos años en prisión, multas, destituciones e inhabilitación para ocupar cargos públicos por 10 años, entre otras.
Además, estudiarán la creación de un Observatorio para la Convivencia Democrática que tendrá entre sus objetivos diseñar acciones académicas contra los discursos de odio y la violencia.
Durante los últimos meses, Argentina vio con preocupación el resurgimiento de actos y pronunciamientos que niegan los delitos perpetrados por la dictadura cívico-militar establecida de 1976 a 1983, la cual desapareció a 30 mil personas y separó a cientos de niños de sus familias.
Integrantes de organizaciones políticas, sindicales y defensoras de los derechos humanos denunciaron las declaraciones de ese tipo por la fórmula de La Libertad Avanza para las elecciones generales, integrada por Javier Milei y Victoria Villarruel.
Según el diario Página 12, el padre de Villarruel, Eduardo Marcelo, trabajó en la Secretaría General del Ejército dentro del Departamento de Comunicación Social durante el régimen y fue señalado como uno de los militares que querían matar al expresidente Raúl Alfonsín (1927-2009).
En tanto su tío, Ernesto Guillermo, fue detenido en octubre de 2015 por orden del juez Daniel Rafecas por crímenes cometidos en el centro clandestino Vesubio, pero no fue procesado por ser declarado incapaz para afrontar el proceso.
El periódico precisa que la candidata era parte de la Asociación Unidad Argentina, liderada por Fernando Exequiel Verplaetsen, exjefe de Inteligencia del Comando de Institutos Militares establecido en Campo de Mayo, donde funcionó uno de los centros de exterminio de la dictadura.
Por otra parte, integró el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, el cual se opone a la lucha por los derechos humanos, defiende a los represores y pide acusar y procesar a los militantes que fueron víctimas del régimen.
De acuerdo con el diario, también fundó Jóvenes por la Verdad, un grupo cuya actividad más destacada era la de coordinar visitas al dictador Jorge Rafael Videla (1925-2013).
Además, es presidenta honoraria de la Fundación Oíd Mortales, que firmó la Carta de Madrid, un documento rubricado por Vox y miembros de la derecha latinoamericana que consideran al comunismo como una amenaza.
Villarruel arremetió contra las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y el Museo Sitio de Memoria ESMA (antigua Escuela de Mecánica de la Armada), además de organizar un acto en homenaje a genocidas en la Legislatura capitalina, lo cual generó fuertes críticas.
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