El Partido Nuevas Ideas (NI) en palabras del presidente de Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, afirma que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe “apegarse” a la resolución de la Sala de lo Constitucional que permite la inscripción del presidente como candidato.
Mientras la oposición que tiene seis candidatos aspirando a la butaca presidencial sostiene que el ente rector de las elecciones debe respetar la Constitución que en varios artículos niega la reelección.
Es todo un reto para el TSE que debe decidir hasta mañana, según las normas, sobre siete inscripciones de candidatos a disputar la elección, incluida la de Bukele.
El órgano aun no se pronunció sobre ninguna de las fórmulas, algunas como la del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) con ya casi un mes de presentada, y la más reciente, la de Bukele a menos de una hora de vencer el plazo el 26 de octubre al filo de la medianoche.
Castro defiende a capa y espada que las “resoluciones de la Sala son de estricto cumplimiento y el Tribunal Supremo Electoral debe apegarse” a ellas a pesar de que existen elementos que niegan la legalidad de la propia Sala que, según opositores, fue impuesta por el gobierno en un asalto al Legislativo.
No hay Sala de lo Constitucional, solo tenemos un grupo de abogados que fueron impuestos y sus resoluciones no deberían tener ninguna validez jurídica, ni legal en nuestro país, afirmó Claudia Ortiz, la única diputada en la Asamblea del partido Vamos.
Para la parlamentaria la propia ilegalidad de la Sala hace cuestionar su dictamen favorable al gobierno, algo que también estiman otras agrupaciones políticas.
En este escenario entran a jugar afirmaciones del magistrado Julio Olivo, al parecer el único disidente del TSE, quien señaló que hay miedo a lo interno de ese foro para pronunciarse y contrariar presuntamente la inscripción de Bukele.
“Muchas personas dicen que tienen miedo, que están viendo lo que está pasando pero no se puede decir nada, hay régimen de excepción. Ese miedo se ve en todos los niveles”, valoró Ortiz.
El diputado de Nuestro Tiempo, John Wright, estima que “un TSE que no es capaz de respetar la Constitución no es capaz de garantizar la integridad de las elecciones”.
La historia comenzó el 1 de mayo de 2021 cuando la Asamblea Legislativa destituyó a magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia e impuso una nueva Sala. El 3 de septiembre de 2021, ese foro emitió resolución, que da paso a reelección presidencial inmediata, pese a que la Constitución lo prohíbe.
La solución está en mano del TSE y, según observadores, será difícil que tome partido en contra de Bukele, y deje en manos del pueblo la decisión, algo que mantendrá la ilegalidad si se considera lo que dice la Constitución en al menos seis artículos.
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