«El director del penal capitalino, Luis Esquivel, nos dijo que las autoridades solo rescataron hasta ahora el 80 por ciento de esos pertrechos», declaró al diario el funcionario penitenciario José Espínola, vocero de los guardiacárceles en protesta frente a la prisión tras negarse a volver a sus funciones.
La autoridad penitenciaria, quien es el único que circula entre los reclusos, nos insiste en volver a nuestros puestos y precisó que se trata de armas largas y cortas las que mantienen los presos en su poder, señaló Espínola.
Ningún funcionario del Gobierno –aseguró- vino hasta ahora a informarse de la situación de los centinelas que permanecemos “apostados frente a la Penitenciaria Nacional, resistidos a ingresar de nuevo a la prisión, en demanda de mayores garantías laborales”.
La cárcel de Tacumbú empezó a recibir nuevos reclusos desde el pasado sábado, por disposición del ministro de Justicia Ángel Barchini y en aparente respuesta a las exigencias del Clan criminal Rotela, a cuyos miembros les favorece el aumento de los reclusos para enmascarar sus actividades delictivas.
Por su parte, los jueces Gustavo Amarilla y Rosarito Montanía ordenaron frenar el envío de más internos a la cárcel, en desacuerdo con la decisión oficial de reabrirla, pese a la superpoblación y hacinamiento en que viven los reclusos.
“Lo que todos leímos entre líneas –expresó Montanía- es que los del Ministerio de Justicia cumplieron efectivamente con una de las peticiones del Clan Rotela”.
Ambos magistrados coincidieron en que la entrada de nuevos presos servirá “para seguir alimentando las potencialidades del Clan Rotela”, que tiene el control de la penitenciaría y cuyo poderío ya fue demostrado en distintas oportunidades con la toma del reclusorio. Por su parte, el juez Amarilla transmitió afirmaciones de policías, guardiacárceles y abogados “que coinciden en que solo una parte de la Penitenciaría de Tacumbú está a cargo del Estado, pero el resto no”.
Una buena parte de los guardias de esa prisión rehusaron el 30 de octubre cubrir los puestos de sus colegas en huelga por mejoras de seguridad, tras el motín de reclusos del 10 de octubre.
Los custodios rechazan remplazar a sus compañeros de esta y otras penitenciarías del país en paro en demanda de garantías para su protección, luego de la sublevación liderada por la organización criminal Rotela, cuyos miembros conservan las armas de fuego robadas de la armería del penal durante la revuelta.
Grupos de esos guardianes protestan desde el 24 de octubre por otros reclamos como la garantía de un seguro médico y la recontratación de 400 de sus colegas cesanteados, a raíz de los actos de desobediencia de los custodios por la desprotección ante la violencia de los reclusos.
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