Una sentencia emitida por el Tribunal Supremo dejó sin efectos las distintas fases de lo que llamaron elecciones primarias que tuvo su cenit el 22 de octubre con su celebración, pero que dejaron un sabor amargo en sectores afines y en el oficialismo.
Fue el diputado opositor José Brito quien interpuso ante el máximo órgano judicial un “recurso contencioso electoral con amparo cautelar” contra los actos inconstitucionales e ilegales de la Comisión Nacional de Primarias (CNP), que organizó los sufragios.
El falló judicial suspendió el proceso y ordenó a la CNP remitir al Tribunal Supremo los antecedentes administrativos, contentivos de las 25 fases que deben regir al proceso electoral, desde la convocatoria y su constitución como comisión electoral.
También contempló el envío del cronograma electoral y su registro, solicitó las actas de los sufragios, incluidas las de constitución de las mesas electorales, los cuadernos y papeletas de votación, las de escrutinios, y las actas de totalización regionales, totalización definitiva, de adjudicación y la de proclamación.
Pero, además, la sentencia ratificó las inhabilitaciones de manera firme por 15 años de la virtual ganadora de los comicios María Corina Machado, de Henrique Capriles por igual período y de Freddy Superlano por siete años.
El mismo día de dictada la sentencia, acudieron al Ministerio Público en calidad de investigados el presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal; la vicepresidenta, Mildred Camero, y Roberto Abdul-Hadi Casanova, directivo de la Organización No Gubernamental Súmate.
Los tres fueron citados por el fiscal general Tarek William Saab -también por las denuncias presentadas por Brito- quien anunció la designación de dos fiscales con competencia nacional para las investigaciones.
Contra estos ciudadanos pesan los presuntos delitos de usurpación de funciones; la usurpación de identidad; legitimación de capitales, y la asociación para delinquir porque fueron varias las personas que se unieron para cometer estas violaciones.
El Fiscal General, como otros altos funcionarios del Gobierno, del Partido Socialista Unido de Venezuela, la Asamblea Nacional, y dirigentes políticos opositores, consideraron de gran fraude los comicios primarios ante las muchas irregularidades detectadas y evidenciadas.
En la semana, el Consejo Nacional Electoral prosiguió con el cronograma del referendo consultivo del 3 de diciembre venidero con el anunció del padrón electoral de 20 millones 694 mil 124 electores que deben acudir ese día a sufragar y la celebración de un simulacro el 19 de noviembre.
A ello se sumó la creación de un comando nacional denominado Venezuela Toda con sus estructuras a nivel de los 24 estados, que a partir del lunes iniciarán una campaña de promoción y concientización en defensa de la Guayana Esequiba, rumbo a la consulta popular.
En este contexto, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro ratificó su determinada posición de defender ese espacio territorial de casi 160 mil kilómetros cuadrados, ante el fallo presentado por Guyana en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con la pretensión de que Venezuela suspenda el referendo.
Maduro calificó de “recurso temerario” esa decisión y aseguró “tendrá respuesta directa ante la instancia que tengamos que responder”.
Patentizó que la República Bolivariana no reconoce la jurisdicción de la CIJ en el caso del Esequibo.
El jefe de Estado afirmó que la respuesta a las amenazas del país vecino las dará el pueblo el domingo 3 de diciembre.
La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, ante la prensa nacional y extranjera, rechazó la posición del Ejecutivo guyanés y consideró “insólito” ese pedido que se inserta, dijo, en la cadena permanente de provocaciones.
Rodríguez calificó la situación de inédita en la que un país “se auto atribuye ser la constitución de la República Bolivariana», pretende sustituirse en la soberanía popular y pide a un organismo internacional derogar la carta magna.
Es una grosería más por parte del Gobierno de Guyana, es una barbarie pretender sustituir el ordenamiento constitucional interno de Venezuela, “violentando la Constitución, la Carta de las Naciones Unidas y el orden internacional”, subrayó.
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