Machado es el fiscal a cargo de las pesquisas sobre la habilitación en 2021 de un pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, en momentos en que el delincuente estaba preso en Dubai por documentación falsa.
Las implicaciones políticas del asunto provocaron en diciembre último la renuncia de la entonces vicecanciller Carolina Ache, quien la semana pasada entregó al fiscal evidencias que provocaron la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo.
Mensajes de WhatsApp presentados por Ache ilustran una trama para esconder información sobre el caso Marset, e incluso para mentir al Parlamento por parte de Bustillo y otros implicados.
Las denuncias de la excanciller alcanzaron al asesor presidencial Roberto Lafluf, al ministro del Interior (MI), Luis Alberto Heber, al viceministro de esa cartera, Guillermo Maciel y al asesor presidencial Roberto Lafluf, quien aconsejaba al mandatario en asuntos de comunicación e imagen.
Todos esos altos funcionarios presentaron su renuncia al presidente Luis Lacalle Pou, quien las aceptó el sábado último y designó reemplazos.
El gobernante dijo entonces que la justicia será la encargada de demostrar si hubo actuación dolosa de los implicados quienes, a su juicio, no cometieron delito alguno.
Pero el fiscal Machado deberá definir sobre la destrucción de los chats intercambiados entre Ache y Maciel, en los que éste último advierte de la peligrosidad de Sebastián Marset, hoy profúgo de la justicia y buscado por Interpol.
La denuncia de la exviceministra de Relaciones Exteriores implica la apertura de una nueva carpeta de investigación, en la cual está implicado también el ahora exasesor Lafluf.
Fue este funcionario, cercano al jefe de gobierno, quien destruyó en la sede presidencial documentación comprometedora sobre el caso, con el fin de que no fuera incorporada al expediente judicial.
Lafluf habría solicitado a Ache, de acuerdo a la denuncia, que borrara las conversaciones en un certificado notarial sobre el contenido del celular de la exfuncionaria de la cancillería.
Ello habría ocurrido en Torre Ejecutiva en reunión que, según trascendidos, fue convocada por Lacalle Pou, quien reconoció incluso que estuvo allí «para saludar».
Así las cosas, el fiscal Machado podría buscar en la nueva causa delitos de cohecho, abuso de funciones, y destrucción de documento público, todos previstos en el Código Penal.
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