Un reporte de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) indicó que la Agricultura en América Latina está amenazada por el cambio climático y el fenómeno El Niño.
Las previsiones para el período octubre a diciembre de 2023 muestran una tendencia a precipitaciones por debajo del promedio en el norte de América del Sur, y una tendencia a precipitaciones por encima del promedio especialmente en las zonas costeras orientales de América del Sur, destacó.
El informe señaló que los gobiernos de la región deben estar alertas a la posible amenaza a la agricultura, que incluye cultivos, ganadería, bosques, pesca y acuicultura, un sector particularmente vulnerable que absorbe el 23 por ciento de daños y pérdidas por este tipo de riesgo, una cifra que puede llegar a ser de hasta un 82 por ciento en caso de sequías.
Para Centroamérica, algunos modelos muestran que las condiciones secas y calurosas continuarán solo en algunas zonas durante el último trimestre del 2023.
Las proyecciones para el primer trimestre del 2024 indican una continuidad de las condiciones secas en algunos países de la zona norte de Sudamérica como Brasil, Guyana y Surinam, mientras que se mantendrán las lluvias por encima del promedio en gran parte del cono sur y zonas de la costa de Perú y Ecuador y otras más al norte, como México.
Se suma a esa previsiones que la región se enfrenta a extremos climáticos que no son resultado de El Niño, sino asociados al cambio climático, que se traducen en olas de calor y cambios en el ciclo hidrológico, precisó el informe.
La FAO aseguró que si bien los datos aún son limitados, se prevé que ese fenómeno afecte a distintas especies de peces en la costa norte de Perú y sur de Ecuador, sobre todo la pesca de anchoveta, un sector clave para la región y una de las pesquerías más grandes del mundo.
A tales efectos significó que trabaja con los gobiernos de la región para promover la prevención y reducción de riesgos.
También lanzó un plan para movilizar recursos financieros de comunidades vulnerables en Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela.
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