A partir de las 10:00, hora local, los legisladores analizarán iniciativas como la modificación del artículo 213 del Código Penal para fortalecer el enfrentamiento a esos comportamientos y valorarán el establecimiento de condenas de tres meses a dos años en prisión, multas, destituciones e inhabilitación para ocupar cargos públicos por 10 años, entre otras.
Además, estudiarán acciones para impedir que sean candidatos a puestos electivos quienes reivindiquen el terrorismo de Estado y debatirán la creación de un Observatorio para la Convivencia Democrática que tendrá entre sus objetivos diseñar acciones académicas contra los discursos de odio y la violencia.
A la sesión están invitados integrantes de agrupaciones defensoras de los derechos humanos como la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, la representante de Madres-Línea Fundadora, Taty Almeida, y el miembro de Hijos Charly Pisoni, entre otros.
Dichas organizaciones presentaron recientemente un proyecto de ley que propone prevenir y sancionar las conductas y pronunciamientos públicos que niegan, minimizan, justifican, legitiman o reivindican los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).
La iniciativa plantea la obligatoriedad de la formación en derechos humanos para todos los funcionarios y trabajadores del Estado y aboga por modificar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para evitar la difusión de contenidos de ese tipo.
Durante los últimos meses, Argentina vio con preocupación el resurgimiento de actos y discursos que niegan los delitos perpetrados por el régimen militar que desapareció a 30 mil personas y separó a cientos de niños de sus familias.
Integrantes de organizaciones políticas, sindicales y sociales denunciaron las declaraciones de ese tipo por la fórmula de La Libertad Avanza para las elecciones generales, integrada por Javier Milei y Victoria Villarruel.
Villarruel arremetió contra Madres, Abuelasa y el Museo Sitio de Memoria ESMA (antigua Escuela de Mecánica de la Armada), además de organizar un acto en homenaje a genocidas en la Legislatura capitalina, lo cual generó fuertes críticas.
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