De esta manera concluyó un paso más en el prolongado proceso para dotar al país de una nueva carta magna, capaz de sustituir a la impuesta en 1980 por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Este fue un mandato popular plasmado en los acuerdos que pusieron fin al estallido social protagonizado por millones de chilenos a partir del 18 de octubre de 2019, cuando la gente salió a las calles a protestar contra la pobreza y el modelo neoliberal vigente.
Un primer proyecto fracasó cuando el 4 de septiembre de 2022 fue rechazado por el 62 por ciento de los votantes y se convocó entonces a un Consejo Constitucional que resultó dominado por la derecha y la extrema derecha.
Tras recibir el documento de manos de la presidenta de ese organismo, Beatríz Hevia, Boric reiteró que la principal responsabilidad del gobierno es lograr que la ciudadanía pueda expresarse con plena libertad en la consulta pública de diciembre.
Ello implica, dijo, crear las condiciones de un proceso electoral inobjetable y expedito, donde las personas cuenten con toda la información necesaria para decidir si esta es una propuesta capaz de unir a la sociedad.
Señaló el presidente que cada votante deberá ponderar cómo el texto permitirá abordar los grandes desafíos en materia de salud, educación, seguridad, medio ambiente, el avance de los derechos de las mujeres y la integración de la diversidad cultural.
El mandatario expresó su compromiso de que, de imponerse la opción del apruebo, la ley fundamental será inmediatamente instalada con todas las reformas legales y las adaptaciones reglamentarias correspondientes.
Si, en cambio, la propuesta es rechazada, el gobierno seguirá trabajando sin pausa y con mucha energía por el bienestar de las personas, respondiendo con sentido de urgencia a las demandas sociales planteadas, aseguró.
“Quiero poner este trabajo en manos del pueblo de Chile, que es quien tiene la palabra definitiva”, finalizó el presidente.
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