Al término de la segunda jornada de apelación ante la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en esta ciudad, el titular venezolano respondió a la prensa sobre el accionar de la CPI acerca de lo que sucede en Palestina donde sí hay un exterminio de la población.
Manifestó al respecto que su gobierno ha sido claro, como lo expresaron otros países, de que la Corte “debe constituir un tribunal para juzgar los delitos y crímenes de guerra que allí se cometan”.
Remarcó que el doble rasero es una política que están viendo comúnmente aplicada a nivel mundial, y subrayó que debe cesar.
Venezuela alza su voz para que las instancias multilaterales del sistema de las Naciones Unidas asuman su papel y desechen esta política de doble estándar que tanto daño hace, recalcó.
Gil cuestionó este miércoles en su discurso ante este órgano el destino de los fondos de la CPI cuando “asistimos a una indecible conflagración de violencia en la Franja de Gaza”.
Hay que preguntarse, indagó, si realmente “los limitados recursos de la Corte Penal se emplean mejor”, invirtiendo en un puñado de incidentes en un país como Venezuela que está dispuesta y es capaz de hacer el trabajo por sí misma.
“Justicia significa decidir casos y disputas sin miedo ni favoritismo”, lo cual implica no capitular ante los Estados que amenazan a la Corte o dictan sanciones contra ella y sus operadores, mucho menos favorecer a los que pagan las facturas, expresó.
Sobre esta segunda audiencia, el alto diplomático comentó a la prensa que la Fiscalía de la CPI no demostró ni presentó ningún caso ni evidencia que conduzcan a una investigación de tipo penal contra la República Bolivariana.
Añadió que solo escucharon “argumentos aéreos y generales” que fueron construidos a través de fuentes abiertas como la prensa.
El canciller bolivariano reconoció que fueron dos días de jornadas exitosas en las cuales pudo evidenciarse el ataque contra su país y demostrar cómo la Fiscalía obvió todas las acciones realizadas por el Gobierno venezolano, los Poderes Públicos y el Ministerio Público, porque fueron presentadas en español.
Eso eliminó más del 70 por ciento de las pruebas que señalaban a Venezuela como un país que atiende todas las denuncias contra los derechos, agregó.
El ministro del Exterior afirmó que si la Corte Penal Internacional adopta la decisión de seguir con este caso, ya quedó demostrado que se trata de una acción plenamente política.
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